Los indicadores del mercado de vivienda disponibles
en España confirman la fuerza de la recuperación
del mercado de vivienda en los dos últimos ejercicios y al inicio de 2018. Los aumentos de precios de la vivienda en España superaron
ampliamente la media de la eurozona en el tercer trimestre de 2017. La
construcción está creciendo por encima del PIB, impulsada sobre todo por el
componente de la edificación residencial. El gobierno ha aprobado el nuevo Plan
Estatal de Vivienda, 2018-21, cuyo alcance dependerá de la asignación
presupuestaria definitiva.
Los impulsos de la
demanda de vivienda son diversos. La
creación de empleos, las excepcionales condiciones de financiación crediticia
(en 2016-17 los tipos de interés a comprador de vivienda fueron inferiores al 2%),
la importante compra de viviendas por extranjeros, la presencia de abundantes
inversores, personas físicas y jurídicas,
son algunas de las variables explicativas de la mayor demanda,.
Las duras condiciones
de los nuevos empleos (bajos niveles salariales, importante presencia de
empleos a tiempo parcial e inestabilidad derivada de la elevada cuota de
empleos temporales) obligan a amplios
segmentos de población a buscar alojamiento en el mercado del alquiler privado. La mayor
demanda de alquileres se enfrenta a una oferta
reducida de viviendas de alquiler, tanto por el mayor ritmo de venta de
viviendas ante los más elevados precios (numerosos propietarios se pasaron al
alquiler en la fase de recesión, ante la
paralización del mercado), como por la llegada
de los “alquileres turísticos”. Estos últimos reducen la oferta de viviendas hasta ahora destinadas
al alquiler estable. Las ventas de viviendas protegidas supusieron solo el 4%
de las ventas en 2017.
En el presente
contexto de un mercado de vivienda donde lo más notable es la subida de los
alquileres, el gobierno ha aprobado un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (RD
106/2018, BOE de 10 de marzo). Este último tiene como elementos más relevantes
las subvenciones en un 40% de los alquileres (50% a los hogares de menos de 35
años) durante tres años, a hogares
de ingresos no superiores a los 3 IPREM (22.559 euros anuales), las subvenciones a las promociones de nuevas viviendas que se destinen al alquiler durante 25 años, para alquilarlas a hogares de ingresos bajos y medios. Las ayudas estatales serán cofinanciadas por las autonomías, a las que corresponde la
ejecución de las actuaciones previstas en el citado Plan.
La dotación
presupuestaria prevista es de 1.442 millones de euros para los
cuatro años del Plan, que requerirá para su implantación la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado para 2018. El nuevo Plan carece de objetivos cuantitativos precisos,
no tiene previsto publicitar periódicamente
los resultados. Llevará tiempo la puesta en marcha del mismo, pues primero
habrán de firmarse convenios entre el Ministerio de Fomento con cada una de las autonomías. Después,
estas desarrollaran normativas específicas para la aplicación del Plan en su
territorio.
Las ayudas directas
al alquiler a los inquilinos pueden aumentar la demanda de viviendas de
alquiler. Esto provocaría mayores subidas de los alquileres y beneficiaría
a los propietarios de las viviendas. El
programa de fomento de las viviendas de alquiler es el más trascendente, al pretender
aumentar la oferta de viviendas de alquiler. Dicho programa requerirá
colaboración por parte de los ayuntamientos, que deberían favorecer la
calificación de suelo destinado a
la construcción de las viviendas para el
alquiler.
Este
artículo se publicó en la revista digital “El siglo de Europa” de 23 de marzo
de 2018
[1] JRL es
Vocal del Consejo Superior de Estadística, ex presidente del Banco Hipotecario
de España y de Caja Granada. Es miembro de Economistas frente a la Crisis
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