El contenido del
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE 2018) relativo a
vivienda confirma algunas de las críticas realizadas con motivo de la
presentación del Plan Estatal de
Vivienda 2018-21. En principio llama la atención la escasa relevancia del gasto público destinado a vivienda en el
citado proyecto de Presupuestos. En una coyuntura de incremento rápido en los
precios de los alquileres, la reacción
del gobierno recogida en tales presupuestos resulta muy débil. Además, se
retrasa en exceso el momento de
puesta en marcha de las medidas
que de alguna forma podrían ayudar a los hogares a acceder con menos
esfuerzo a la vivienda en alquiler.
El conjunto de partidas destinadas al gasto
público en vivienda en los PGE 2018 asciende a 473,8 millones de euros. De
dicho total, unos 350 millones de euros se destinan a apoyar la aplicación del Plan 2018-21
(subvenciones a alquileres y a la construcción de viviendas destinadas al
alquiler). Junto a lo anterior, 76,3 millones se destinan a ayudas directas a las familias. Una parte de
esta última partida corresponde a subsidios de intereses asociados con planes
de viviendas precedentes.
Dentro de los PGE 2018 destaca el alcance de
las partidas destinadas a desgravar fiscalmente el acceso a la vivienda. Entre
los componentes de dichas ayudas fiscales, destacan las destinadas a subsidiar
la compra de vivienda habitual (suprimido para nuevos adquirentes desde
2013) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas-IRPF (1.035
millones de euros).
También son importantes las desgravaciones a
los particulares que destinan viviendas
al alquiler. El alcance de tales desgravaciones asciende a 341 millones de euros, que se deducen en la base imponible
del IRPF. Por último, es relevante la práctica de tipos fiscales reducidos
en el IVA que grava las compras de
vivienda, lo que supone unas ayudas
aproximadas de 508 millones de euros.
El conjunto de las ayudas a la vivienda, en
forma de gasto (473,8 millones de euros) y de ayudas fiscales (2.171,8 millones de euros) equivalen al
0,22% del PIB. Las ayudas al gasto equivalen solo al 0,04% del PIB. Dicha
proporción queda muy por debajo del promedio que en 2014 suponía el gasto
público en vivienda en los países de la Unión Europea (0,6% del PIB) y es de
las más reducidas dentro de la UE.
Por otra parte, la participación de las
viviendas sociales de alquiler dentro
del parque de viviendas supone solo el 1,5%. Esta proporción es una de las más bajas de toda Europa (Holanda
es el país donde dicho tipo de viviendas
tiene el mayor peso, el 30%)
La escasez de
viviendas de alquiler es otro rasgo del
mercado de vivienda en España. Según Eurostat, en 2015 España era el segundo
país de Europa en lo relativo al porcentaje del coste del alquiler sobre el total de ingresos disponibles del
hogar. En la actual coyuntura de España, dicha escasez se traduce en unas
elevaciones más que significativas de
los alquileres. Esto acentúa aún más el
esfuerzo de acceso a la vivienda.
La promoción y venta de viviendas de
protección oficial ha sido el instrumento tradicional de política de vivienda
en España. Los niveles de nueva vivienda
protegida y de gasto público en vivienda
han alcanzado en estos años los niveles mínimos históricos. Los PGE
2018 no contribuyen, pues, a eliminar
las dudas que plantea la desaparición de lo que fue el pilar de la política de
vivienda desde los años cincuenta del siglo pasado (Carme Trilla y Jordi Bosch,
“El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el
contexto europeo”, Fundación Alternativas, 2018).
[1] JRL es
Vocal del Consejo Superior de
Estadística del INE y miembro de Economistas frente a la Crisis
1 comentario:
Interesante articulo, estoy por hacer este curso de marketing inmobiliario que vi en la web y quería saber si es confiable para conseguir empleo.
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