Desde la primera semana de junio de 2018 hay en España un nuevo
gobierno, con apoyos parlamentarios fragmentados. Dicho gobierno deberá desenvolverse en 2018 con un presupuesto aprobado
por el anterior gobierno, y habrá de destinar buena parte de sus energías a la
preparación de un presupuesto de diseño propio para 2019. La economía española adolece de
numerosas vulnerabilidades, que subsisten a pesar del considerable ritmo de crecimiento
alcanzado.
Los problemas más crónicos de la economía
española son, en primer lugar, los relativos
al elevado desempleo, el 16,7% de la población activa en el primer
trimestre de 2018. En el mercado de trabajo destaca asimismo la elevada temporalidad
y la importante presencia del empleo a tiempo parcial, el 35% del total de
ocupados. En segundo lugar se sitúa el alto endeudamiento frente al resto del
mundo y el fuerte endeudamiento público, próximo este último al 100% del PIB. En tercer lugar, la política
económica de devaluación interna practicada ha acrecentado los problemas de
desigualdad.
Entre
las reformas necesarias, destaca en primer lugar la conveniencia de introducir
modificaciones significativas en la reforma laboral introducida en los últimos
años, donde se debe de fortalecer el papel de la negociación colectiva. El aumento salarial debe
de superar al de los últimos años, que apenas ha existido. En segundo lugar
destaca la crónica insuficiencia fiscal, que no la corrige el mayor crecimiento nominal de la economía. Se
impone una racionalización del sistema fiscal, que reduzca los elevados grados
de desigualdad existente y que contribuya a encontrar una solución definitiva
al problema de las pensiones.
A pesar del importante aumento de las
exportaciones, se debe de avanzar más en
cuanto a diversificación de la oferta productiva. Turismo y construcción
residencial siguen siendo las piezas claves de la economía española. Es necesario lograr un mayor nivel de
industrialización. La intención del gobierno de Estados Unidos de introducir
aranceles a numerosas importaciones, sin
una idea muy clara de lo que se persigue, puede suponer un nuevo obstáculo a la
necesaria diversificación de la economía
española.
En otro orden
de cosas, la nueva Ley Hipotecaria debe de recoger las recomendaciones del
Consejo General del Poder Judicial: unificar el cálculo de la TAE, atender a la
solvencia de los prestatarios, fijar un tope
máximo al esfuerzo de acceso. Se debe de introducir una autentica
posibilidad de segunda oportunidad en los
créditos morosos, donde el sistema introducido por el anterior gobierno resulta
a todas luces insatisfactorio.
No parece conveniente una mayor concentración
bancaria, donde más del 80% de los activos bancarios están en manos de cinco
entidades. Las cajas rurales deben de subsistir. La privatización de Bankia, en
caso de realizarse, debe de hacerse sin ningún tipo de apremio. El ICO debe de
ser objeto de una mayor dinamización, puesto que su nivel de actividad es
limitado y existen áreas de la economía que requieren de financiación especializada.
Las nuevas
reformas se pueden introducir sin esperar a los nuevos presupuestos. El
contexto económico mundial parece complicarse gradualmente, y el final de la
política monetaria seguida por el BCE puede plantear mayores problemas de
financiación de la deuda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario