EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.DE LA CRISIS A UNA NORMALIZACION GRADUAL Julio Rodríguez López

            En 2017 se cumplen diez años del inicio de la crisis financiera mundial y cinco años del rescate del sistema financiero español, acordado entre el gobierno y las autoridades europeas. El “cenit” de la crisis financiera tuvo lugar en septiembre de 2008, coincidiendo con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers. El momento más delicado de la crisis para el sistema financiero español tuvo lugar en mayo de 2012, coincidiendo con la dimisión forzada de Rodrigo Rato  como presidente de Bankia-BFA.

El sistema bancario mundial ha resultado seriamente afectado por la crisis. La transformación  ha incidido sobre su dimensión, así como  sobre  su estructura y funcionamiento. Esta evolución ha tenido lugar en gran parte por haber actuado como factor desencadenante de la crisis y también por la profunda influencia que sobre el mismo están ejerciendo las nuevas tecnologías. Estas últimas permiten  el acceso al negocio bancario, en toda su escala, a empresas hasta ahora ajenas al negocio financiero.

En el caso del sistema financiero español, la crisis y la posterior desaparición práctica de las cajas de ahorro como entidades de crédito ha sido uno de los aspectos más relevantes. Todas las cajas están ahora integradas en grupos bancarios o han sido absorbidas por bancos. Tales entidades habían llegado a alcanzar en 2007 una dimensión equivalente al 50% del sistema bancario español, a la vez que desarrollaban una intensa actividad sociocultural a través de la parte de los beneficios asignados a la Obra Benéfico-Social.

La actividad de las cajas, cuyo origen ideológico se encuentra en la Ilustración,  se desarrolló en España durante algo menos de dos siglos. En su origen estuvo el intento de luchar contra  la exclusión bancaria y  de destinar  sus beneficios a actividades sociales. En principio, el carácter fundacional de las cajas de ahorros y la supervisión compartida de las mismas entre las comunidades autónomas y el Banco de España complicaron la solución a los serios  problemas aparecidos  a partir de 2007.

En 2009 se produjo la primera de las intervenciones de entidades derivadas de la crisis, concretamente la correspondiente a la Caja de Castilla-La Mancha. Se puso de manifiesto entonces la fuerte concentración crediticia producida en la fase previa de “burbuja” en el segmento inmobiliario (promotor, constructor y comprador), que superó en 2007 el 60% del conjunto del crédito al sector privado y se aproximó al 100% del PIB.

Las entidades de crédito, en especial las cajas, apelaron masivamente a la captación de recursos en los mercados de capitales, véase préstamos de bancos europeos, sobre todo alemanes, ante la imposibilidad de atender dicha demanda por medio de los depósitos bancarios. Esta circunstancia complicó el ajuste provocado por el pinchazo de la burbuja en el mercado inmobiliario.

 Después de 2007 se produjo  asimismo  un crecimiento importante de la morosidad bancaria, en especial en los créditos a promotor inmobiliario,  y resultaban evidentes los problemas de solvencia y de liquidez en amplios segmentos del sistema bancario español.  Tales problemas se habían acentuado más en las cajas, pero no se habían limitado en exclusiva a dichas entidades. Las cajas también acusaron  su presencia en la financiación de  proyectos  nunca justificables de impulsar mediante préstamos bancarios, circunstancia derivada de la presión de las comunidades autónomas, que había asumido  su tutela  tras la aprobación de la Constitución de 1978 y de los respectivos Estatutos de Autonomía.

  Desde 2009, los primeros intentos de reforma  atendieron sobre todo al cambio de los estatutos de las cajas, reduciendo el nivel de politización de los órganos de gobierno de las mismas. Desde el inicio, en especial desde el Banco de España,  se trató de impulsar la fusión de las cajas de ahorros, lo que  evitó profundizar más en los problemas reales y en buscar salidas a los mismos. La necesidad de mayores niveles de capital resultó evidente a partir de 2009

 Además de las fusiones, se realizó desde el Banco de España, de acuerdo con el Frob (órgano creado en 2009 para facilitar la concentración o resolución de las entidades bancarias), un proceso de bancarización, a través de la figura de los SIP (sistema institucional de protección) y de las mayores exigencias de capital a las cajas de ahorros,  todo lo cual condujo a la transformación  en bancos de dichas entidades.

En el verano de 2012 se solicitó ayuda a la Unión Europea, a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad),  para capitalizar el conjunto del sistema financiero español. Dicha ayuda, obtenida tras la firma de un “Memorándum de Entendimiento”  con las autoridades europeas, consistió en la apertura de una línea de crédito de 100.000 millones de euros, de los que se emplearon unos 42.000.

La concesión de la ayuda en cuestión  estuvo acompañada de un programa de asistencia financiera y  por una modificación importante en la normativa bancaria española. El Memorándum no se aprobó ni pasó por las Cortes españolas, mientras que si lo hizo por los parlamentos de los países de la Eurozona.

 Se forzó por las autoridades europeas la creación de un “banco malo”, Sareb, que adquirió activos inmobiliarios  deteriorados, por un importe superior a los 50.000 millones de euros,  a los bancos que habían recibido algún tipo de ayuda pública para subsistir. El Frob suscribió el 45% de los recursos propios de Sareb, y el resto del capital se distribuyó entre  otras entidades bancarias y no bancarias, correspondiendo la mayor participación, tras el Frob, al Banco de Santander. La creación  y la actuación inicial de Sareb se  efectuaron al final de 2012 y primeros meses de 2013.Sareb está desempeñando un papel importante en la reactivación del mercado de vivienda, aunque no está lejos de la necesidad de  ampliar sus recursos propios.

Como consecuencia del proceso de saneamiento  y de las inyecciones de capital público el gobierno español llegó a controlar una parte significativa del sistema bancario, en torno al 18% del conjunto de la cartera bancaria de préstamos. Diez instituciones habían sido “resueltas” y el número de cajas de ahorros se redujo a ocho, cuando eran 45 al inicio de la crisis.

Tras la intensa consolidación de las cajas de ahorros, al inicio de 2017  quedaban en España 14 instituciones significativas, dentro de un total de 123 entidades de depósito, que  incluye bancos y cajas rurales. Dentro de dicho total se incluían dos grupos bancarios de carácter internacional, Santander y BBVA; tres grupos  de ámbito nacional de tamaño intermedio (Sabadell, Popular y Bankinter); siete grupos resultantes de la consolidación de cajas de ahorros (Caixabank, Bankia-controlada por el Frob-, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Banco Mare Nostrum (BMN) –también controlado por el Frob-; Abanca, resultante de la compra de la entidad derivada de la  fusión de las dos cajas gallegas por parte de un grupo bancario venezolano, Banesco,  y Cajamar, un grupo cooperativo.

En junio de 2017 el Banco Popular ha sido adquirido a un precio simbólico  por el Banco de Santander, tras el acuerdo de la Junta Única de Resolución de la Union Bancaria. El Santander deberá hacer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para satisfacer los requisitos de solvencia derivados de la absorción del Popular. También está prevista (se ha aprobado en junio de 2017 la fusión por parte de los respectivos consejos de administración) la absorción de la entidad BMN por parte de Bankia a fines del año 2017. Las antes citadas 14 instituciones significativas quedarán así  reducidas  a doce a fines de 2017. 

Como puede observarse, la principal consecuencia del proceso citado ha sido la intensa reducción del número de bancos. Una vez absorbido el Popular por el Santander, cinco grupos bancarios concentran en España  cerca del 80% de los activos  (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell). Destaca  la cuota del 27% correspondiente al Santander. Está por ver si dicha concentración  puede afectar al grado de competencia interna existente dentro del sistema bancario español.

Además de la reducción citada del número de bancos, ha sido significativa la disminución del número de oficinas y de las plantillas bancarias, descenso situado en torno al 30%, y que ha dado lugar a que zonas importantes del territorio español se hayan quedado sin ninguna sucursal bancaria en su entorno.  El adelgazamiento  se ha advertido asimismo en la evolución del crédito bancario.  En 2007 el crédito al sector privado suponía el 162,9% del PIB, relación que en 2017 puede situarse por debajo del 108%.  El crédito hipotecario ascendía en 2007 al 94,3% del PIB, participación que en la primera mitad de 2017  ha retrocedido hasta el 54,5%.  

El saldo vivo del crédito al sector privado  ha descendido en cada uno de los años del periodo comprendido entre 2008 y 2017. El retroceso del saldo vivo de crédito ha sido compatible con la reactivación de las nuevas concesiones de crédito. Ello implica que las nuevas formalizaciones de crédito han sido inferiores a las amortizaciones  realizadas de la cartera de préstamos.

Según ha informado  el Banco de España, el coste del ajuste bancario, hasta diciembre de 2015, ha sido de 60.612 millones de euros, correspondiendo 39.542 millones al Frob y 21.071 millones al Fondo de Garantía de Depósitos. Dicho concepto de coste no incorpora las perdidas soportadas por los antiguos accionistas, ni por los tenedores de preferentes y deuda subordinada. Tales pérdidas fueron consecuencia del acuerdo de asistencia financiera firmado por el gobierno español con el MEDE.

 En noviembre de 2012,  gobierno, comisión y entidades de crédito pactaron el ajuste a aplicar a los tenedores de deuda subordinada.  Las perdidas asignadas a las participaciones preferentes y a las obligaciones subordinadas  redujeron el coste del ajuste para el contribuyente. Esta actuación afectó a los inversores minoristas y provocó un amplio malestar social, puesto que dichos valores se habían vendido con engaño  como sustitutos de depósitos a plazo. Se ha estimado que los poseedores de preferentes y otros títulos equivalentes capitalizaron la banca por una cuantía aproximada de 15.000 millones de euros.

Desde noviembre de 2014 se ha puesto en marcha la Unión Bancaria Europea. Ello  ha supuesto el traspaso de una parte sustancial de las competencias del Banco de España al Banco Central Europeo, dentro del cual  existen los  mecanismos únicos de Supervisión, Regulación y Resolución. 

El negocio bancario se ha desarrollado en los últimos años en un contexto sumamente endurecido, destacando la competencia de otras entidades no bancarias en todos los segmentos de dicho  negocio. Además, el contexto de bajos tipos de interés ha reducido el margen de intereses, que es el  principal componente de la cuenta de resultados. Existen, por otra parte, segmentos de actividad que requieren la presencia de un banco  o agencia pública que favorezca el desarrollo de dichos segmentos de actividad (Pymes, viviendas sociales de  alquiler).

Se ha apreciado una evidente disparidad entre la resolución del Banco Popular y su adquisición por el Santander y la práctica seguida en el caso de los bancos  italianos Veneto Banca y Banca Populare de Vicenza. La resolución del Popular y su venta se decidieron a nivel europeo. Sin embargo, en el caso italiano no se aplicaron las mismas reglas. El gobierno italiano inyectará unos 17.000 millones de euros para impedir que los bonistas senior, una especie de preferentistas, lo pierdan todo, además de ceder al mayor banco italiano, Intesa San Paolo, solo los activos “buenos” de ambos bancos.

En este caso no ha habido una aplicación efectiva del mecanismo único de resolución del BCE. A dicho mecanismo le esperan retos mayores. Intesa San Paolo tiene una dimensión inferior al Santander.  A falta de bancos potentes que asuman los riesgos, se podría decir que no existe todavía un mecanismo único de resolución consolidado en la Unión Bancaria.

La transición posterior a la crisis no ha terminado en el sistema bancario español. Desde el gobierno debe de impedirse una concentración bancaria superior a la existente, en especial en los  cinco grupos bancarios de mayor dimensión. También resulta conveniente  la presencia de un segmento público del sistema bancario para apoyar  actuaciones precisas para la economía española. Debe de impedirse la desaparición de las Cajas Rurales. En las reclamaciones de los clientes bancarios, las resoluciones del Banco de España deben de tener carácter obligatorio para los bancos. La política, desde el gobierno y el Congreso de los Diputados, tiene que mejorar numerosos aspectos del sistema bancario, necesitados de una mayor  transparencia e información  en general, como se ha puesto de manifiesto en la crisis del Banco Popular.

Una versión de este artículo se publicó en la revista mensual “Temas para el debate”, número 273-274, agosto-septiembre de 2017