El sistema bancario español sufrió una importante
sacudida en la segunda semana de junio de 2017. Una vez confirmado que el Banco
Popular carecía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio,
los acontecimientos se precipitaron en la noche del martes al
miércoles. El Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Board) actuó de
forma contundente tras haber sido informado por el Banco Central
Europeo (BCE) de que el Banco Popular corría riesgo de quiebra. Se amortizaron las acciones, así como toda la deuda subordinada y los bonos convertibles del Banco Popular. La
intervención del BCE fue breve, duró el tiempo necesario para traspasar el
saldo restante del Popular al Banco de
Santander, único oferente en firme, a
cambio de un euro.
El Banco de Santander informó que durante el mes de julio de 2017 efectuaría una ampliación de capital por
importe de 7.000 millones de euros para hacer frente a la absorción del
Popular. También avisó a los
clientes del Popular que podían seguir
operando con dicho banco desde el mismo día 7 de junio.
El último presidente del Popular, Emilio
Saracho, había comentado en público que
había que volver a estimar el alcance de las provisiones necesarias respecto de
los activos problemáticos de dicha entidad (créditos morosos y activos reales
del balance). Esta declaración no supuso
precisamente un estímulo a posibles compradores
bancarios de la entidad. En una semana el valor de las acciones del Popular se
redujo en un 50%. Los días pasaban y el proceso de descapitalización parecía no
tener fin. Se intensificó a la vez la retirada
de dinero de las cuentas corrientes, operación ahora facilitada por la banca
informática. .
En todo caso, sorprendió la velocidad a la que sucedieron
los pasos que llevaron a la extinción del Banco Popular y de su simbólica compra por el Santander. La operación descrita ha reforzado
la concentración existente en el sistema
bancario español. Tras los ajustes de 2012-13, quedaban en España unos 13
grupos bancarios: dos de carácter internacional (Santander y BBVA), tres de tamaño intermedio (Popular, Bankinter
y Sabadell) y otros siete resultantes del proceso de consolidación de las anteriores cajas de ahorros (Caixabank,
Bankia, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN y Liberbank).
Una vez absorbido el Popular por el Santander,
cinco grupos bancarios concentran el 76% de los activos (Santander, BVBVA, Caixabank, Bankia y
Sabadell), destacando la cuota del 27% correspondiente al Santander. La
operación del Popular se ha presentado
como una actuación perfecta, por aquello de no haber supuesto gasto público.
Pero la realización de la misma implica la realidad de fuertes pérdidas de
capital para un número importante de accionistas y de propietarios de deuda “junior”, por no
hablar del destino incierto de los 15.000 empleados del Popular.
En junio de
2016 el Banco Popular había realizado una ampliación de capital de 2.500
millones de euros. Al realizar dicha
operación el Popular debió aportar información a los nuevos suscriptores, contenida
en el correspondiente folleto, que no debió ser muy exacta. El auditor había enviado señales de que algo no iba bien, con motivo de las cuentas de 2016. Por otra
parte llama la atención el aviso del Popular de que no disponía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles
7 de junio (¿Para qué están los supervisores?).
Además, el Popular había
superado los últimos “stress-tests””
realizados por la Autoridad Bancaria
Europea, lo que pone en cuestión la calidad de tales pruebas. Sorprende que la
presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Elke König, hubiese advertido públicamente
en fechas recientes de la probable resolución
del Popular en el caso de no encontrar comprador. Dicho aviso no era una invitación a compradores.
No fueron,
pues, solo las cajas de ahorros las entidades que cometieron excesos en la
etapa de la burbuja. También hubo excesos
en la banca, donde el Popular entró en el negocio inmobiliario cuando los
restantes bancos huían del mismo. La relativa tranquilidad por la que ha
atravesado el sistema bancario español después de 2013 ha sufrido un cierto “shock” con la reciente quiebra
del Popular.
Es posible que a partir de ahora los
accionistas bancarios serán más cautos. De
momento se ha complicado la vida a
Liberbank, cuyas acciones han descendido abruptamente de precio en la última
semana. Está por ver si el citado
Mecanismo de Resolución emplea una dureza equivalente con alguna que otra
entidad bancaria problemática de las que
todavía quedan en Italia y Portugal.
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