La recuperación del mercado de vivienda la confirmar la
evolución de los indicadores de
coyuntura inmobiliaria disponibles. El índice de precios de vivienda del INE
creció a un ritmo del 4% en el segundo
trimestre de 2015 y los índices de precios de alquileres aumentaron casi en un 5%
interanual. Unos precios más altos de las viviendas y de los alquileres pueden
implicar un esfuerzo de acceso a la vivienda casi insoportable para los jóvenes
hogares, ante las reducidas remuneraciones salariales y la fuerte inestabilidad
laboral del momento. Ante esta situación, la política estatal de vivienda está
casi desaparecida en la práctica, y solo destacan las actuaciones en dicho campo de algunos de los nuevos ayuntamientos.
Una aproximación a la realidad de la política de
vivienda estatal la suponen las partidas presupuestarias destinadas a atender a
la cobertura de dicha necesidad. Del
análisis del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 se
deduce que las ayudas contempladas en el mismo
con destino a la política de vivienda resultan a todas luces reducidas y
ligadas a actuaciones del pasado en gran parte. Las partidas en cuestión se refieren
al gasto público directo y a las ayudas fiscales.
El gasto público
directo previsto en el proyecto para “Acceso a la Vivienda y Fomento de la
Edificación” en 2016 asciende a 587,1 millones de euros, la misma cuantía que
en los Presupuestos vigentes para 2015. El destino de dicho gasto, en su mayor
parte, es el de hacer frente a las obligaciones derivadas de los
precedentes planes plurianuales de
vivienda.
Dichos planes contemplaban ayudas directas a
los adquirentes de viviendas protegidas (VPO) durante un periodo prolongado de
tiempo. Sin tales ayudas los compradores
de viviendas protegidas no hubiesen podido acceder a la propiedad de las
mismas. El gasto público directo presupuestado para 2016 financia subvenciones
a la compra de viviendas protegidas en el pasado y no implica, pues, ayuda
alguna para los hogares que en este momento tienen dificultades de acceso a la
vivienda.
El segundo
componente de las ayudas al acceso a la vivienda en los Presupuestos Generales
del Estado previstos para 2016 son las ayudas indirectas o fiscales, que
tradicionalmente han pesado más en
España que las ayudas directas. Dentro de las actuaciones previstas para 2016,
destaca, en primer lugar, el alcance de
la desgravación a la compra de vivienda en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, 1.241,5 millones de euros.
Esta ayuda se suprimió a partir de 2013, pero se mantiene un régimen
transitorio para contribuyentes que compraron
con anterioridad a dicho ejercicio.
La segunda ayuda
fiscal destacada es la relativa a la reducción en la base imponible del
impuesto sobre la renta de las personas físicas por arrendamiento (388,5
millones de euros), figura que también ha sido suprimida, en este caso desde
1.1.2015. Se mantiene un régimen transitorio para arrendatarios contribuyentes
con contratos anteriores a esta última fecha. En tercer lugar, la exención por
ganancias patrimoniales por reinversión en
vivienda habitual asciende a 185,8
millones de euros. En cuarto lugar, destaca el mantenimiento de un tipo reducido del IVA del 10%, a aplicar en la compra de viviendas de nueva
construcción, lo que tiene un coste de
751,5 millones de euros.
El conjunto de las ayudas fiscales a la
vivienda, 2.716 millones de euros, supone el 82,2% del coste total estimado, que incluye
las ayudas directas vía gasto público y las fiscales. Dicho coste total es de
3.303,6 millones de euros, el 0,29% del PIB previsto para 2016 en la
previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Durante cierto tiempo,
antes de la gran recesión, el coste de la política de vivienda se situó durante
bastantes años en España en torno al 1%
del PIB. Decididamente, la política estatal de vivienda no es ya lo que era. El
vigente Plan Estatal de Vivienda 2013-16 carece en la práctica de dotación
presupuestaria, por lo que su contenido, supuestamente favorable al alquiler y
a la rehabilitación, es papel mojado en la práctica. Como antes se señaló, la mayoría
de las ayudas contempladas se destinan a
cubrir los flecos de operaciones realizadas en el pasado, pareciendo no existir
problemas de acceso a la vivienda en el presente.
La ejecución de
las ayudas al alquiler, concretamente a los inquilinos, previstas en el citado Plan 2013-16 se ha dejado en
manos de las autonomías. Ello puede dar lugar a diferencias territoriales importantes en los criterios fijados para la
distribución de tales ayudas. La información aportada por el Ministerio de Fomento acerca de la
ejecución de tales ayudas es prácticamente inexistente, siguiendo la práctica
de los últimos años de no divulgar información sobre la ejecución de los planes
plurianuales de vivienda.
En este contexto destacan las ayudas e
iniciativas puestas en práctica en
algunos de los ayuntamientos emanados de las últimas elecciones municipales.
Importa el papel de los Registros de
Solicitantes de ayudas a la vivienda existentes a nivel municipal, registros que suelen presentar unas cifras elevadas de
peticiones.
A la vista de lo reducido de las ayudas estatales a la vivienda, de
su dejación competencial en manos de las autonomías, de la escasa divulgación de los resultados de
las políticas en marcha y de la práctica
desaparición de la política de vivienda a nivel estatal, cabe
preguntarse si habrá o no espacio para
la política de vivienda en los programas electorales de los partidos políticos ante las próximas
elecciones generales de diciembre de 2015.
Una versión de este articulo se publicó en la revita semanal El Siglo de Europa, de 19.10.2015
Una versión de este articulo se publicó en la revita semanal El Siglo de Europa, de 19.10.2015
[1] JRL es
doctor en CC. Económicas, Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y
miembro de Economistas frente a la Crisis
No hay comentarios:
Publicar un comentario