Las recientes elecciones municipales han vuelto a
sacar a la luz la problemática de la vivienda en España. Se ha subrayado la persistencia de un número importante de
desahucios de familias de sus viviendas. Se han puesto de manifiesto las dificultades de
acceso a una vivienda por parte de los nuevos hogares. Los nuevos empleos
resultan poco estables y los reducidos salarios percibidos hacen imposible el acceso a la vivienda, en
especial a la vivienda en propiedad. Se vuelve a hablar de la vivienda
protegida, actuación que, de aplicarse, debe de ser objeto de amplias modificaciones
respecto del sistema hasta ahora vigente.
En el sistema de viviendas
protegidas destacan aspectos generales como
una superficie
máxima de las viviendas (unos 90 metros cuadrados útiles), unos precios máximos de
venta, un tope máximo de
ingresos familiares para acceder a las viviendas, unos subsidios y subvenciones
al comprador o arrendatario, procedentes del Ministerio de Fomento. Hasta el penúltimo
Plan plurianual, el 2009-12,
se
establecía la garantía de
financiación crediticia para un
determinado número de viviendas protegidas mediante convenios entre el Ministerio de Fomento y los bancos y cajas participantes.
Pero la restricción crediticia posterior al
verano de 2007 acabó con la garantía de financiación al promotor de viviendas
protegidas para la venta y el alquiler. Después de 2008 ha descendido de forma
radical el número de viviendas protegidas edificadas. En 2013-2014 las ventas anuales de viviendas protegidas, en torno a las
16.000, supusieron solo el 5% de las ventas totales de viviendas.
El Plan Estatal de
Viviendas vigente, el 2013-16, regulado por el R.D. 233/2013 (BOE de 10.4.2013)
no contempla ningún tipo de ayudas ni convenios para la construcción de nuevas viviendas
protegidas destinadas a la venta o al alquiler. Dicho Plan se limita a definir el concepto de vivienda protegida.
Según el mismo, tales viviendas deberán de ser calificadas como tales por las
Comunidades Autónomas, se destinarán a residencia habitual del ocupante, tendrán
un precio o alquiler máximo de referencia y no superarán los 90 metros
cuadrados de superficie útil.
El Ministerio de
Fomento ha dejado, pues, la cuestión de
las viviendas protegidas en manos de las autonomías, y en teoría pretende
priorizar el alquiler y la
rehabilitación. Sin embargo, los
recursos aportados para dichos fines han sido raquíticos y escasamente
publicitados, con lo que, en la práctica, no ha habido política de vivienda
después de 2011.
La crisis, con su
secuela de restricción crediticia, no solo ha frenado casi en seco la
construcción de nuevas viviendas protegidas, sino que ha contribuido a resaltar más los defectos del sistema. Este
funcionó sobre todo en tiempos del anterior régimen político y hasta
2008 con la democracia, pero adolece de defectos y de picarescas que piden a
gritos su actualización.
En los últimos años se han puesto a la venta viviendas protegidas
a unos precios de venta que han resultado con frecuencia superiores a los del
mercado. Junto a lo anterior, el Ministerio de Fomento ha permitido se mantengan
unos tipos de interés en los
préstamos a compradores de vivienda
protegida a niveles muy por encima de
los del mercado. Esto último, que incumple la normativa de los planes
plurianuales previos, se ha realizado frente a las protestas de los
prestatarios, con el obvio beneficio para
los bancos prestamistas.
Además, el
citado Ministerio suprimió de forma retroactiva las prórrogas
de subsidiación de préstamos, con lo que los adquirentes de viviendas
protegidas con menos recursos han empeorado de forma sustancial su situación económica.
La “Coordinadora de Afectados por la Subsidiación VPO”, creada por los
afectados, no cesa de presionar ante el
Ministerio (ya va por 40.000 firmas) para que se responda a sus peticiones en
materia de tipos de interés y de subvenciones.
Junto a las
anomalías citadas, con el traspaso pleno a las autonomías de la gestión de las
nuevas viviendas protegidas aumentaron las
picarescas ms frecuentes en este tipo de viviendas. Ejemplos de ello son las VPO
construidas en primera línea de playa, no precisamente residencias habituales, la creación de viviendas de dimensión
considerable a partir de la suma de varias VPO adquiridas por una misma familia
a precios por debajo del mercado, la exigencia de un nivel elevado de ingresos
de los adquirentes o arrendatarios (5,5 IPREM es el último tope establecido), junto
a un abundante clientelismo político en
el reparto de las viviendas construidas, sobre todo cuando el precio resultaba
muy inferior al del mercado.
De lo anterior se
deduce que una proporción significativa de VPO no se destina a hogares con ingresos reducidos, sino más bien
a clases medias incluso elevadas.. El sistema tiene un elevado componente de
política de fomento de la construcción residencial, sobre todo allí donde la
actividad productiva está muy poco diversificada, y favorece con frecuencia a hogares que pueden
acceder a una vivienda en el mercado. Para ser útil a los objetivos de una
política social de vivienda el sistema
requiere de una actualización y una radical puesta al día, tarea en la que el gobierno
de España debe de tomar la iniciativa.
Una versión de este artículo se publicó en
El Siglo de 22.6.2015
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