Desempleo, corrupción y la organización territorial del estado son los
problemas más notables del contexto sociopolítico español en 2014. La
evidencia de unos niveles de corrupción ampliamente generalizados inunda la
realidad política y social de España. En materia económica, la corrupción
afecta sobre todo a los procesos de contratación pública, en especial a lo relativo
a la construcción de infraestructuras, así como
a los desarrollos urbanos, donde la competencia es básicamente local.
Corrupción e
infraestructuras
El sector de la construcción ha desempeñado un
papel relevante en los ciclos de la economía española, en especial en la larga
etapa cíclica expansiva del periodo 1997-2007.
La obra pública licitada ha tenido un peso destacado dentro del conjunto
de la actividad constructora. Dicha magnitud alcanzó los 44.000 millones de
euros en 2006, equivalentes al 25,1% del valor de la inversión bruta en
construcción
La crisis ha dado lugar a una profunda
disminución en la cuantía del gasto público
en general y, sobre todo, del gasto publico inversor. Según el Banco de
España (Cuentas Financieras de la Economía Española), el conjunto de la
inversión pública, básicamente destinada a la construcción de infraestructuras,
se aproximó a los 47.000 millones de euros en 2009, cifra equivalente al 4,5%
del PIB. Después de ese año la cifra en cuestión ha descendido con fuerza,
alcanzando solo unos 15.200 millones de euros en 2013, equivalentes al 1,48%
del PIB.
El ciclo de la inversión pública contribuyó
primero a la fuerte expansión de la economía, que se frenó en 2007.
Después, con su caída, ha profundizado de forma sensible la recesión de dicha economía , que se extendió unos seis años, entre el primer trimestre de 2008
y el segundo semestre de 2013.
Pues bien, la corrupción ha encarecido de forma significativa la
inversión pública, de forma que resulta frecuente conocer a través de los
medios de comunicación que alguna infraestructura, como por ejemplo el AVE Madrid-Barcelona, ha tenido un coste muy superior al previsto
por irregularidades en la contratación
publica.
De lo anterior se puede deducir que
las irregularidades mencionadas han dado lugar a que las infraestructuras
creadas en España en los últimos años
han estado por debajo de lo necesario, lo que ha contribuido a reducir
la competitividad de la economía española y a disminuir los niveles de
actividad y de empleo de numerosos territorios.
El planeamiento urbano y la corrupción
Con tanta o mayor frecuencia que en lo
relativo a contratación pública, aparecen las noticias sobre irregularidades
urbanísticas. El planeamiento urbano es una competencia compartida entre
ayuntamientos y comunidades autónomas. La Constitución de 1978 y los Estatutos
de Autonomía dejaron la competencia en materia de gobierno del suelo en manos
de dichas administraciones públicas. Las competencias estatales son muy reducidas
en esta materia y afectan sobre todo al proceso de fijación del precio del
suelo en las intervenciones públicas.
En la práctica los ayuntamientos son
el motor del urbanismo. El contenido de la política de gobierno del suelo se
recoge en los Planes Generales de Ordenación Urbana, planes que
deben de adaptarse a la normativa estatal (Ley del Suelo) y, sobre todo, a la
normativa autonómica recogida en la correspondiente ley de suelo autonómica. En
España hay 17 leyes de suelo, una por cada autonomía.
Para que un
Plan de Urbanismo local entre en vigor resulta imprescindible la
aprobación del mismo por parte del
gobierno autónomo. Se trata, pues, de una competencia compartida entre
ayuntamientos y autonomías. Por lo general las iniciativas corresponden a los
municipios mientras que los gobiernos autónomos suelen efectúa una tarea de
corrección o de vigilancia de la legalidad de tales iniciativas.
Sobre este marco competencial, profundamente descentralizado, hay otro hecho relevante, y es que los
ingresos fiscales de los ayuntamientos ligados al planeamiento tienen una
especial trascendencia dentro de los ingresos de dichas administraciones
públicas. En las etapas alcistas del mercado de vivienda, en las que los precios del
suelo y la vivienda experimentan
aumentos significativos, las decisiones relativas al destino del suelo y
a los volúmenes de edificabilidad adquieren una especial trascendencia.
En España las plusvalías derivadas de la recalificación urbanísticas pasan básicamente a los propietarios del suelo. Resulta evidente que estos últimos
ejercerán todo tipo de presiones sobre la administración local para lograr la calificación urbanística que les resulte más favorable.
En la etapa de auge del mercado de vivienda
desarrollada entre 1997 y 2007, aproximadamente, tuvo lugar una fuerte expansión del crédito inmobiliario a promotor y
constructor, a la vez que crecieron de
forma espectacular la construcción residencial, las ventas y los precios de las
viviendas. Del análisis de los
indicadores del mercado de vivienda se deduce que durante algunos años se
construyó muy por encima de lo que se vendía.
Suele atribuirse al exceso de crédito abundante y barato el
origen de la “burbuja” inmobiliaria, pero detrás de un volumen de construcción tan acusado estaban las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos. Estos
últimos han priorizado la calificación de suelo residencial, al margen de las
necesidades reales del mercado de vivienda.
Los ingresos que un ayuntamiento
obtiene “de golpe” cuando concede una licencia de obras son importantes, a lo
que hay que unir que una vez construidas las viviendas estas deben de abonar
cada año el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI). Las irregularidades administrativas dolosas en torno al proceso
descrito resultan más que abundantes. Resulta evidente que la frecuente corrupción tiene que ver con la sobreinversión en vivienda, con el excesivo
endeudamiento y con los enormes
desequilibrios que han acosado a los ayuntamientos con el cambio de ciclo.
La corrupción afecta de forma negativa a la
asignación racional de los recursos públicos y privados de la economía. Algunas
de las consecuencias mas directas de la misma son la existencia de un nivel de
infraestructuras por debajo de las
necesidades, un mayor endeudamiento público, un exceso de viviendas no vendidas
que han afectado negativamente a los bancos,
a los que ha habido que sanear con recursos públicos, véase con mas deuda pública. Por último, la
corrupción genera un enriquecimiento
irritante de los beneficiados por la misma, cuyos efectos sobre la moralidad pública
resultan incontrolables.
Este articulo se publicó en la revista digital "Argumentos Socialistas", nº 7
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