13 abril 2014

Sin política estatal  de vivienda en  2014

Julio Rodriguez López

 Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 incluyeron un conjunto de partidas para  favorecer los objetivos de la política de vivienda y  facilitar el acceso a la misma a través de ayudas fiscales o indirectas. En dichos presupuestos se consideró como pieza central de tal política estatal  al nuevo Plan 2013-2016.  Dicho Plan supone   un “vuelco absoluto” en los objetivos respecto de planes de vivienda  precedentes, pero lo trascendente  ahora es conseguir que dicho Plan eche a andar.

 El fomento del alquiler y de la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana son  los ejes básicos del Plan en cuestión, que en abril de 2014 no ha sido objeto de una aplicación especifica tras la aprobación de  la norma inicial que lo estableció (Real Decreto 233 /2013, de  5 de abril, BOE de 10.4.2013). En 2013 no se
 desarrolló  el nuevo plan plurianual, previéndose el inicio de su ejecución en 2014.

Dentro de los presupuestos, el  epígrafe “Acceso a la Vivienda y fomento de la edificación”  tiene una dotación de 799,6 millones de euros, repartida en tres programas (Rehabilitación y ayudas al acceso, ordenación y fomento de la edificación,  y urbanismo y política de suelo). 

 En el importe antes citado se incluyen 302 millones destinados a atender a obligaciones derivadas de los planes anteriores. El epígrafe en cuestión  incluye 40 millones de euros destinados a atender  las ultimas ayudas correspondientes a la Renta Básica de Emancipación, cuya cuantía se ha reducido en un 30% (ha pasado de 210 euros/mes a 147 euros/mes) y cuya vigencia posiblemente termine en este ejercicio.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 incluyen también  un conjunto de ayudas fiscales a la vivienda, cuyo importe asciende a 3.475,4 millones de euros. El componente más destacado es el relativo a las desgravaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 1.785,4 millones  de euros corresponden a la desgravación por compra de vivienda habitual realizada antes del 1º de enero de 2013, 479,5 millones es el alcance previsto de la desgravación  a los arrendadores de vivienda (personas físicas), 148,4 millones es la previsión del importe de  la desgravación a los arrendatarios de rentas medias y bajas. 

Para  la exención por reinversión en vivienda  se ha estimado un importe de 258 millones. El resto de las ayudas fiscales (784,1 millones de euros) incluye la estimación del coste de la aplicación de un tipo  reducido del IVA del 10%  que se aplica a las ventas de viviendas  de nueva construcción y las deducciones  en el impuesto de Sociedades  a las empresas dedicadas al alquiler de  viviendas.

 El coste total de las ayudas directas y fiscales, 4.275 millones de euros, equivale al 0,41% del PIB. No hay ninguna ayuda para el acceso a viviendas protegidas en propiedad y desaparece la renta básica de emancipación. El alcance de la política de vivienda se ha reducido, pues,  de forma significativa respecto de  periodos precedentes. Importa  atender  de hecho a los nuevos objetivos (fomento de la rehabilitación y del alquiler) de la política de vivienda. Dicha política  se  situará en el primer plano en cuanto se  consiga una recuperación significativa de la economía, pero de momento  no se ha traducido en ninguna realización.. Hacen falta hechos, actuaciones, ademas de reordenar los objetivos.

La eliminación de los estímulos a la promoción de nuevas viviendas protegidas se ha advertido en el descenso  sufrido en las viviendas protegidas promovidas y también en  las ventas de las mismas.  En 2013  las ventas de viviendas protegidas descendieron en casi un 58,3% sobre el año anterior. situándose en solo  15.213  viviendas, el 5,0% del  total de ventas de viviendas en el pasado ejercicio. 

El Plan 2013-16 no acaba de arrancar, un año después de la aprobación del Real Decreto que lo estableció. Se lleva así un año en España en el que no hay una política de vivienda definida. Mientras tanto,  aumentan los casos de desahucios,  que requieren  de la atención de las autoridades locales y autonómicas y ante el cual no puede permanecer distante el gobierno de España. La política de vivienda  se va  a encontrar así con dificultades adicionales a las habituales, como lo apunta la crisis provocada en el seno del gobierno andaluz como consecuencia de las diferentes actitudes ante las consecuencias de los desalojos de viviendas a hogares con escasos recursos.

"Los datos son apabullantes: tres millones y medio de casas vacías y varios millones de personas sin hogar; más de 400.000 desahucios desde el inicio de la crisis, la mayor parte promovidos por la banca, mientras recibían 108.000 millones de euros de dinero público para compensar las pérdidas de su aventura especulativa salvaje. Por otra parte, el realojo de los vecinos de La Utopía correspondía al Ayuntamiento de Sevilla, que ha mantenido una actitud hostil a pesar de disponer de 528 viviendas municipales vacías. Pues nada, Ibercaja (la entidad bancaria que ha instado el desalojo) y el Ayuntamiento de Sevilla han salido de rositas en este conflicto, mientras contemplaban con fruición el radical enfrentamiento entre los miembros del Gobierno andaluz" (Concha Caballero, "Ensayo de ruptura", El País, 13.4.2014)

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