07 julio 2010

Política económica y empleo

Julio Rodríguez López
Tras las medidas de ajuste del gasto público de mayo de 2010, en junio llegó la primera fase de la reforma del mercado de trabajo. La segunda se desarrollará en el verano, cuando el Real Decreto –ley 10/2010 "de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo" (BOE de 17 de junio de 2010) pase por el Parlamento. Todo apunta a que su contenido puede ser objeto de endurecimientos adicionales en la reforma iniciada del mercado de trabajo en España. Antes de que se negocie en el marco del Pacto de Toledo la reforma propuesta del sistema de pensiones, alargando la edad de jubilación, han surgido nuevos nubarrones sobre la normalización del desenvolvimiento de la economía española.
Los ajustes presupuestarios a la baja se han acumulado entre los países de la Unión Europea. Dicha circunstancia recortará la demanda global de la economía. Las persistentes dificultades de financiación externa de las entidades de crédito de dicha área económica, entre ellas las españolas, no facilitarán el logro de un ritmo más dinámico de aumento del crédito bancario.
La Comisión de la Unión Europea ha exigido al Gobierno español la garantía de que el déficit de todas las administraciones públicas no pasará del 6 por ciento del PIB en 2011. Esto implica un recorte del gasto muy superior al contemplado en la previsión de déficit del 7,5 por ciento recogida en el Plan de Estabilidad del gobierno de febrero de este año. El contexto general de la economía europea es, pues, de ajuste fiscal. Ahora dominan los halcones del déficit. Ante el perfil restrictivo de las políticas económicas las exportaciones a países de fuera de la UE son la principal válvula de escape de la de-manda, lo que exige mejorar la competitividad con carácter urgente. La crisis fue primero financiera y provocó un fuerte racionamiento del crédito. En principio pinchó la burbuja inmobiliaria y después pasó a otros sectores productivos, como fue el caso de la industria. Después, en 2010, llegó la crisis de la deuda, en la que en España domina la deuda privada. Pero el ascenso del déficit público hasta el 11,2 por ciento del PIB en 2009 ha complicado la posición global de la economía española ante los mercados de capitales.
Una actualización de la normativa laboral, aproximándola más a los modelos dominantes en los países del norte de Europa, parecía conveniente para facilitar la mejora de la competitividad y contribuir a la salida de la crisis. Llama la atención que en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 10/2010 los males de la economía española parezcan descansar en el vigente modelo de relaciones laborales. Primero se alude a la influencia negativa sobre el empleo de la "estructura productiva del crecimiento económico", concepto no demasiado claro. En un párrafo posterior dicho texto legal declara sin reservas que el modelo de relaciones laborales "ha generado la rápida destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo".
Desde el inicio de la crisis, a partir del último trimestre de 2007, el empleo en España, medido por la estadística de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo de la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, ha descendido en 1.847.900, casi un 10 por ciento del total inicial. Los descensos más acusados han tenido lugar en los sectores de la construcción (-1.038.300, el 56,2 por ciento del descenso total) y de la industria (-489.700, el 26,5 porciento). Llama la atención el aumento neto registrado en los empleos de los "servicios no de mercado", que crecieron en más de 89.000, correspondientes sobre todo al incremento del empleo público en las comunidades autónomas.
Como los servicios inmobiliarios tienen un peso sensible dentro del sector de los servicios, se puede aproximar que el 65 por ciento de la caída del empleo en España, desde el inicio de la crisis, se deriva del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y del retroceso del resto de la construcción. La sobreoferta de viviendas, que llevó a construir en 1997-2007 más de dos millones de viviendas por encima de la creación de hogares, no la provocó el citado modelo de relaciones laborales. Además, dicho exceso de oferta tiene bastante relación, no sólo con el empleo destruido, sino también con el origen de las presentes dificultades de refinanciación de las entidades de crédito españolas en los mercados de capitales.
Un trabajo de José María Zufiaur (Sin Permiso, revista digital, 28 de junio de 2010) subraya cómo las reformas laborales impuestas desvían la atención de las cuestiones reales que lastran la productividad española, "especialmente la creencia de que se puede separar radicalmente el modelo laboral del modelo productivo y del modelo social". Fn 2009 la construcción supuso el 10,7 por ciento del valor añadido total de España, más de cuatro puntos por encima de la proporción correspondiente a la Eurozona. Cabe preguntarse si el modelo económico subyacente a la citada exposición de motivos tuvo en cuenta dicha circunstancia a la hora de analizar las causas de la caída del empleo en España.
Publicado en El Siglo Julio de 2010

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