La
prolongada debilidad de la economía
española y de la de los países
periféricos de la Eurozona puede provocar
que dichas economías pasen, desde la “gran recesión” posterior a 2007, a una
autentica depresión. El impacto negativo sobre la actividad productiva y sobre
el empleo de dicha evolución explica buena parte de las abundantes tensiones
sociales aparecidas. Cada día que pasa de 2013 resulta más evidente que hay que
exigir más contenido y ambición a la
política económica.
En el primer
trimestre de 2013 el PIB de la economía española, tras cinco años de crisis, se
situó en un nivel inferior en un 7% al correspondiente al mismo periodo de 2008.
El citado nivel del PIB de 2013 resulta inferior en un 20% al que se
habría alcanzado de haber persistido la
tendencia de crecimiento de la economía entre 1990 y 2012. El descenso citado de la actividad desde el primer
trimestre de 2008 ha estado acompañado de un retroceso relativo mayor del
empleo, el 18,5%, correspondiente a una pérdida de casi 3,8 millones de puestos
de trabajo.
El 43% de la caída total del empleo en España
ha correspondido al sector de la
construcción. Sumando a dicho descenso directo el de las industrias productoras
de materiales de construcción resulta que el impacto del sector citado sobre la
disminución total del empleo se aproxima al 50%. Los ocupados ahora en la construcción no llegan al 40% del nivel de hace cinco años. El aumento del
desempleo en más de cuatro millones en los cinco años citados se debe en su
mayor parte a la caída del empleo y, en menor
proporción, al aumento de la población
activa.
El persistente y elevado
desempleo reduce el PIB potencial de la economía y la participación de la
población en el mercado de trabajo.
Además, el retroceso del empleo se extiende a las afiliaciones a la seguridad
social, lo que origina una complicación adicional. Las
pensiones se financian en España básicamente a partir de las
cotizaciones de los afiliados. Un
retroceso continuado del total de afiliaciones pondría en peligro, pues, el mantenimiento del actual sistema de
pensiones.
Resulta, pues, evidente el alcance del
problema que está generando la persistente caída del empleo y de la actividad
en el conjunto de la economía española. Frente a dicha situación, la política
económica actual parece limitarse a un amplio conjunto de recortes del gasto
público (prestaciones sociales e inversión pública) acompañados de las
denominadas “reformas estructurales”.
Estas últimas aparecen en bastantes ocasiones como destinadas a deshacer o minimizar derechos sociales logrados en mucho tiempo.
El afán
privatizador de la gestión de los servicios públicos de algunos gobiernos autonómicos añade una
complicación más a la reducción de los flujos de prestaciones sociales que
provoca la menor recaudación fiscal asociada con la caída de la actividad y el
empleo. No es de recibo privatizar un hospital y que al poco tiempo el político
privatizador ocupe un puesto relevante en la empresa que ha pasado a prestar el
servicio público privatizado en la gestión.
La política
económica debe de aspirar ahora sobre todo a recuperar el crecimiento y el nivel de empleo,
sin agravar más las desigualdades. Reestructurar
la economía no es desregular. La política económica actual se presenta como
algo inevitable, pero la austeridad no conduce a la recuperación
del crecimiento. El soporte aportado a la recuperación de la economía española desde
la política económica ha sido muy débil.
Esta última vuelve a insistir en las viejas
recetas que han conducido a la penosa situación presente. Esto lo confirma el contenido pro-ladrillo que conlleva la nueva
Ley de Costas y las ventajas de todo tipo que se están preparando para dar paso
al modelo de Las Vegas en la periferia de Madrid (Eurovegas).
.
Insistir ante el continuo descenso del empleo que
el remedio consiste en flexibilizar mas
el mercado de trabajo no puede ser el
resultado de un análisis económico riguroso, sino que responde a una ideología interesada. Si desde el Eurogrupo y
la Comisión de la UE defienden mantener dicha línea de política económica es
porque el gobierno presenta en Europa
dicha opción como la mejor alternativa.
Un problema adicional de la presente
situación es el de la dificultad de conseguir financiación crediticia. Por un
lado, el mercado de vivienda se encuentra limitado en su evolución por el hecho de que los bancos en la práctica
solo prestan para la compra de vivienda si se adquiere una propiedad que tienen
en su poder. Por otra parte, las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas,
encuentran serias dificultades para la financiación normal del circulante y para la realización de inversiones
imprescindibles para el desarrollo del negocio.
El sistema financiero ha sufrido en poco tiempo un
sustancial proceso de concentración en España. De unos 50 grupos bancarios existentes
en 2007, se ha pasado a poco más de diez en 2013. Las cajas de ahorros han
desaparecido en la práctica como tales entidades de crédito. En la mayoría de
los casos, las cajas de ahorros son ahora entidades con una participación,
minoritaria, por lo general, en un banco
de nueva creación. Sería deseable que
con dicha concentración en un número reducido de bancos no retornase
la exclusión bancaria que en su tiempo justificó la creación de las
cajas de ahorros.
La unión bancaria dista de ser una realidad en la
Eurozona. No habrá recuperación si no retorna un nivel más normal de crédito
bancario. Las encuestas de crédito a Pymes del Banco Central Europeo revelan que las empresas españolas sufren un
endurecimiento crediticio superior al del resto de dicha área económica, situación que debe de paliarse o superarse en
2013.
La
recuperación de las exportaciones aparece ahora como el elemento más dinámico
de la economía española. Sin embargo, sin negar lo positivo de dicha evolución,
España y el conjunto de la Eurozona no pueden esperar que baste con la mejora de las
exportaciones para lograr una
recuperación solida, como la que logró Alemania en la primera década del
presente siglo. España y buena parte de la Eurozona no tienen la “formidable industria
de manufacturas orientadas hacia la exportación” de Alemania. Cuando esto se entienda se reforzarán
las presiones para cambiar el enfoque “alemán” de la actual política económica
del Eurogrupo (Martin Wolf, “The German model is not for export”, Financial Times,
8 de mayo de 2013).
