26 enero 2016

Ideas de economía catalana, según la Contabilidad Regional de España Julio Rodríguez López[


  1. La publicación en diciembre de 2015 de los resultados definitivos de la  Contabilidad Regional de España para 2014   permite hacer una aproximación documentada  a la realidad económica de la controvertida comunidad autónoma catalana.
  Cataluña tiene un peso destacado en España. Es la sexta autonomía española por superficie (32.113 km2, el 6,4% de España), la segunda en población (7,4 millones de habitantes, el 15,9% de España), detrás de  Andalucía,  y la primera en cuanto a valor del Producto Interior Bruto (PIB). Esta última magnitud  ascendió en 2014 a   197.004 millones de euros, el 18,9% de España, seguida muy de cerca por Madrid. Cataluña  es también la primera autonomía de España en materia de empleo, 3,2 millones de ocupados en 2014, el 18% de España,  según la  citada Contabilidad Regional.

 En cuanto al nivel de desarrollo, medido por el valor del PIB por habitante a precios corrientes, Cataluña ocupaba en 2014  la cuarta posición de España (detrás de Madrid, Navarra y País Vasco), con un nivel equivalente al 118,8 por cien de la media de España. A pesar de la acción redistributiva del Estado (fiscalidad directa y prestaciones sociales netas) que afecta más a  Rioja  y Madrid que a Cataluña, esta última mantuvo  en 2013  la cuarta  posición en cuanto a renta disponible de los hogares  por habitante, con un nivel del 115,4 por cien.

  El mayor nivel del PIB  por habitante de Cataluña respecto del resto de España se explica, en primer lugar, por la mayor productividad de su economía: el PIB por persona ocupada  supera a la media de España en un 5,1%. En segundo lugar, la tasa de empleo (personas ocupadas respecto de la población) de Cataluña es del 51,3% (población de 16 y más años), mientras que  dicha tasa es del 46,9% en el conjunto de España.

 La mayor productividad de Cataluña la justifica la composición del PIB. Destaca, en primer lugar, el mayor peso de la industria (excluida construcción) en el  valor del PIB catalán, el 18,5%  del total en 2014, tres puntos más que el conjunto de España. Llama la atención el notable descenso de participación de la industria en el PIB de Cataluña, que hace diez años se elevaba al  25%.

  Por otra parte, los servicios de mercado (comercio, hostelería, transportes y comunicaciones, básicamente) pesan más en Cataluña que en la media (62,5% del PIB frente al 53% de España). Por el contrario, agricultura-ganadería, construcción y servicios  no de mercado, básicamente administraciones públicas, pesan menos en Cataluña que en España. También  destaca  en Cataluña la notable presencia en su  industria de sectores “maduros”, como el textil y el automóvil, en los que dicha competencia resulta más difícil de soportar. El peso del turismo se ha reforzado en los últimos años, lo que provocará problemas de “acomodo” con otras actividades productivas.

 A fines de 2015 había  en Cataluña 3,1 millones de afiliados a la Seguridad Social, el 17,8% del total de España. El total de pensionistas residentes en Cataluña, alrededor de 1,7 millones (dos tercios  correspondían a pensionistas por jubilación), suponía el 17,9% del total nacional. La cuantía media de la  pensión ascendía en Cataluña  a  925,3 euros mensuales, un 3,6% por encima de la media de España.  

La pasada recesión de la economía española, registrada entre 2007 y 2013,  afectó de forma similar  a   Cataluña que al resto de España, puesto que en ambos casos el ritmo medio anual  de retroceso del PIB  fue  del 1, 5% en el periodo citado. La recuperación posterior a 2013 parece más acusada en Cataluña.

  Los problemas económicos de Cataluña presentados como  justificantes de  la “desconexión” anunciada de España no difieren demasiado de  los que tiene planteados el conjunto de la economía española. No está claro que haya “asfixiado” a la economía de esta comunidad autónoma  la solidaridad de aquellos catalanes que pagan más impuestos, por tener una renta o  riqueza superior,  con  los ciudadanos españoles más necesitados. La relativa ralentización del crecimiento de la etapa previa a la recesión derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria  es una cuestión interna de Cataluña.

 El supuesto amplio déficit de la balanza  fiscal de Cataluña  ha sido  el argumento económico empleado con mayor intensidad para justificar la necesidad imperiosa de independencia. Es de esperar que el ahora poderoso “conseller” Junqueras no vuelva a castigar al personal con el mito de las balanzas fiscales, rebatido de forma apabullante en el libro de Josep Borrell (“Las cuentas y los cuentos de la independencia”), en el que se destaca que los medios que propagaron dicho mito  apenas lo han rebatido. Junto a lo anterior, unas ciertas gotas del jacobinismo  inspirador tradicional de los socialistas  no estaría de más que cayesen en la presente situación de sequía.

Una versión de este articulo se publicó en la revista semanal·El Siglo de 25.1.2016



                                      




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

21 enero 2016

EL MERCADO DE VIVIENDA EN ESPAÑA EN 2015. Julio Rodríguez López


1.    (I) LOS PRECIOS

  El mercado de vivienda en España  ha  acentuado el perfil expansivo a lo largo de 2015 en los componentes de precios, demanda, financiación y reacción de la oferta. Esta evolución es coherente con la registrada en otros países de la Eurozona. El índice de precios de vivienda del INE, tras retroceder en el primer trimestre de 2015,  aceleró el crecimiento en el trimestre siguiente, colocándose un 4% sobre el año anterior.  La estadística de precios de  tasación  del Ministerio de Fomento también registró un aumento,  más moderado,  en el trimestre citado, con lo que se situó en un nivel superior al del año precedente en un1, 2%. 2015 aparece así como un año de recuperación de los precios de la  vivienda en los principales indicadores de precios disponibles.

El precio medio de tasación (estadística del Ministerio de Fomento)  fue de 1476,8 euros/m2 en el segundo trimestre de 2015. El precio más elevado correspondió al País Vasco (2441,2 euros/m2), seguido por Madrid (2.078) y por la provincia de Barcelona (1.900,2). Extremadura presentó los precios más reducidos (885,9 euros/m2). Canarias (4%) y Madrid (3,5%) registraron los aumentos interanuales más acusados,  apareciendo todavía descensos interanuales  en Castilla-La Mancha (-1,5%) y Murcia (-1,3%).

  El índice de precios de vivienda del INE parece presentar una estacionalidad a la baja en el primer trimestre del año y al alza en el trimestre segundo. Ello explicaría la intensidad de la variación intertrimestral de dicho indicador en el segundo trimestre de 2015. En cuanto al comportamiento de dicho índice por autonomías, Baleares presentó la mayor variación interanual en el segundo trimestre de 2015 (7,3%), seguida de Madrid (6,4%),  mientras que Asturias (0,9%) y Galicia (0,8%) registraron los  aumentos más moderados en dicho  trimestre. Las zonas más turísticas y las áreas metropolitanas parecen estar experimentando los aumentos de precios más acusados.

 En cuanto a los alquileres, la estadística de Fotocasa  revela que en julio el alquiler medio fue de 7,10 euros por m2-mes en España, lo que supuso una variación interanual del 4,8%. .Los datos del primer trimestre de 2015 presentaron al  País Vasco como la autonomía con precios de alquiler más elevados (10,07 euros2-mes), mientras que los alquileres más reducidos fueron los de Castilla-.La Mancha (4,65 euros/m2-mes). 

  La comparación entre los precios de los alquileres (Fotocasa) y  los de la vivienda (índice trimestral del INE) señalan que desde 2007 han sido más intensos, en general,  los descensos de los precios de venta de las viviendas. El retroceso de estos últimos  entre 2007 y 2015 todavía supera el 30%, mientras que la caída acumulada  de los alquileres no llega a dicho nivel (-29,5%), lo que confirma una reacción al alza más viva en estos últimos.
En 2015, en lo relativo a la variación interanual de los diferentes indicadores de precios,  el mayor aumento sobre 2014 ha correspondido a los precios de los alquileres según Fotocasa (4,8%), seguido por el importe medio de las hipotecas (4,2% en junio de 2015). Solo registró  una  variación interanual negativa  la estadística de precios de vivienda de Tinsa (-0,9% en agosto).

 En cuanto a los descensos acumulados desde el inicio de la recesión hasta 2015, correspondió a Tinsa (-41,8%) la caída mayor, seguida por el índice de precios de vivienda del INE, cuy retroceso acumulado  ha sido  del 33,6%.El menor recorrido a la baja lo ha presentado la estadística de precios de tasación del Ministerio de Fomento, con un 29,7% de descenso.

2.    MERCADO DE VIVIENDA (II). DEMANDA Y FINANCIACIÓN

Los indicadores de demanda de vivienda mantuvieron un claro perfil expansivo en el primer semestre de 2015. Endicha evolución influyeron sobre todo las mejoras del nivel de empleo y las más favorables condiciones de financiación.
En el primer trimestre de 2015 la renta disponible de los hogares, según estimación del INE, registró un aumento del 3,2% sobre el mismo periodo del año anterior. Dicho aumento fue del 3,8% una vez deflactado con los precios de consumo. Dicha evolución facilitó, en general, unos mayores niveles de consumo de los hogares y pudo contribuir a elevar la demanda de vivienda.

Según la Encuesta de Población Activa, el empleo creció en un 3% en el segundo trimestre de 2015 sobre el año anterior, lo que supuso un aumento interanual  del empleo en 513.600, el 3%. El empleo temporal y a tiempo parcial tiene un peso elevado en el conjunto de la ocupación, cuyos niveles salariales resultan reducidos en el caso de los nuevos empleos. La previsión del INE es de un aumento interanual  de 35.800 nuevos empleos en el segundo trimestre de 2015.

Utilizando los datos de final de mes, el empleo medido por la afiliación a la Seguridad Social creció en un 2,2% entre agosto de 2015 y el mismo mes del año precedente, lo que supuso una cierta desaceleración respecto del aumento interanual de meses anteriores.  Destacó el mayor aumento del empleo en la construcción, sector en el que los afiliados crecieron en dicho mes en un 4,1% sobre 2014.
 El mejor comportamiento del empleo en la construcción  ha elevado la participación de dicho sector en el empleo al entorno del 6% del total. Se ha producido un cambio de signo  en la prolongada tendencia a la baja de dicha participación desde el inicio de la crisis, evolución reveladora del profundo impacto bajista que la recesión posterior a 2007 ha tenido en dicho sector.
La mejora de las condiciones de financiación se advierte sobre todo en el prolongado descenso de los tipos de interés de los préstamos a comprador de vivienda registrado entre 2014 y 2015.  El diferencial de los tipos de interés con el Euribor a doce meses, que es el indicador más empleado como índice de referencia, se ha mantenido en torno a los dos puntos de diferencia .Este último es un diferencial significativo,  que puede acentuar las potenciales elevaciones de los tipos de interés en el caso de producirse aumentos  notables en el  indicador de referencia citado.

 Los datos del Banco de España confirman  la presencia de un fuerte aumento  en el volumen de nuevos préstamos concedidos para compra de vivienda. El aumento interanual citado fue del 27,1% en enero-julio de 2015, lo que señala que el volumen en cuestión se acercará a los 35.000 millones de euros en el conjunto de 2015. El saldo vivo de crédito a comprador ha vuelto a sufrir un descenso interanual del 3,4%   en julio de 2015, lo que confirma  la persistencia  de un proceso importante de desapalancamiento en los hogares.

La morosidad de los préstamos a comprador de vivienda volvió a descender en el segundo trimestre de 2015, situándose en una  tasa del  5,25%, que está muy por debajo del 11% correspondiente al conjunto de préstamos al sector privado de la economía, Se mantiene muy elevada la tasa de morosidad  de los préstamos a promotor inmobiliario (32,1%) y al sector de la construcción  (29,8%). El persistente descenso de la morosidad en los préstamos a comprador facilitará la concesión de nuevos créditos por parte de los bancos.

La mejoría en las condiciones de financiación se advierte asimismo en el ligero aumento sufrido por el plazo medio de los préstamos a comprador de vivienda, que fue de 23 años en el segundo trimestre de 2015, según la estadística registral inmobiliaria. También ha crecido la proporción de nuevos préstamos en la que la relación préstamo/valor se sitúa por encima del 80%, el 14,6% de los nuevos préstamos en el 2º trimestre., según el Banco de España.

Los bajos tipos de interés y los plazos medios próximos a los 25 años han mejorado la accesibilidad en el caso del acceso en propiedad mediante préstamo hipotecario a largo plazo. El mayor aumento de los precios del alquiler  ha incrementado el esfuerzo medio de acceso a dicha  forma de tenencia desde el 32,4% de los ingresos familiares  hasta el 33,6% en 2015, en el caso de una  familia que ganase el salario  medio y comprase con un préstamo a 25 años. Para el mileurista el alquiler resulta de  muy difícil acceso, y es evidente que con dicho nivel de ingresos resulta difícil acceder a un préstamo bancario para adquirir una  vivienda.

Como se  dijo antes, las mejores condiciones de financiación y el aumento del empleo y de la renta disponible  de los hogares ha impulsado un mayor volumen de compras de viviendas. Según  se indicó en el número anterior de esta publicación, las transmisiones inmobiliarias (notarios) crecieron en un 4,4% sobre 2014 en el primer trimestre de 2015.  Endicha evolución destacaron las ventas de viviendas  usadas (8,8%) y las ventas a extranjeros (23%).

La estadística de compraventas registradas presentó un aumento interanual del 10,5% en el periodo enero-julio de 2015 respecto del año precedente.  Resulta espectacular la diferencia entre el aumento de las  compraventas de viviendas usadas (42,9%)  frente a la caída sufrida por las compraventas de viviendas nuevas (-36,8%). El ritmo de compraventas registradas en enero-julio implica que en 2015 se pueden registrar unas 353.000 compraventas de viviendas, frente a las 319.400 de 2015.

Por autonomías, País  Vasco (19,5%) y Asturias 814,3%) presentaron los mayores aumentos anuales en las compraventas registradas, destacando el descenso sufrido por Rioja (-7.7%), siempre según la estadística registral inmobiliaria.  En los dos primeros trimestres de 2015 se ha reducido  el peso de las ventas a extranjeros en el total de las ventas de viviendas.

Los datos registrales señalan una cierta elevación en la proporción de compraventas financiadas mediante  préstamos hipotecarios en 2015.  Frente a una proporción inferior al 65% en 2013-2014, en el primer semestre de 2015 dicha proporción se ha elevado hasta el 69,7%, quedando un 30% de compraventas que se financian al contado. Dicha evolución indica el paso a una situación más normal en el mercado de vivienda.


3.    MERCADO DE VIVIENDA (III). LA NUEVA OFERTA DE VIVIENDAS

 La mejora de las ventas y unas condiciones de  financiación más relajadas han impulsado la construcción de nuevas viviendas en España durante la primera parte de 2015. En 2014 dejó de caer el total de viviendas iniciadas, pero apenas  hubo recuperación de la nueva construcción residencial en dicho ejercicio.

 En el periodo enero-mayo de 2015 el número de viviendas iniciadas, estimado por los visados de dirección de obra nueva de los colegios de arquitectos técnicos, aumentó en un 28,1% sobre el mismo periodo de 2014. De mantenerse este ritmo durante todo el ejercicio  de 2015 el total de viviendas iniciadas se aproximaría a las 45.000, muy lejos todavía de los niveles alcanzados con anterioridad  a la etapa de fuerte expansión inmobiliaria 1997-2007.
Las viviendas terminadas, estimadas  a partir de los certificados de fin de obra de los arquitectos técnicos, descendieron en un 7,6% respecto del mismo periodo del año precedente. De mantener se el ritmo de enero-mayo,  el número de viviendas terminadas en 2015 se situaría por debajo de las 45.000.

Según  la  Contabilidad  Nacional Trimestral del INE, la construcción residencial aumentó en un 2,9% en el primer semestre de 2015 sobre el año anterior, a precios constantes. Dentro de la construcción, fue mayor el crecimiento de la construcción no residencial (6,7%), posiblemente como consecuencia de la mayor realización de inversiones públicas que suele impulsar  la celebración de  elecciones municipales, en este caso  en 2015.

 En el primer semestre de 2015 la construcción creció ampliamente por encima del PIB (5,1% contra 2,9%). Conviene   tener en cuenta que dicho sector ha arrancado en 2014-15  de unos niveles de actividad  muy reducidos, consecuencia del prolongado periodo de recesión  por el que atravesó después de 2007.  El peso de la construcción en el PIB descendió desde el 21,1% en 2007 (lado de la demanda) hasta el 9,6% en 2014, previéndose para 2015 un nivel del 9,8%.

La recuperación de la construcción en 2015 la confirma el aumento interanual del 8,6% en el consumo aparente de cemento en el primer semestre de 2015, que en este ejercicio puede pasar a aumentar  tras siete años de caída continuada, en la que el retroceso medio anual fue del 21%.
El Ministerio de Fomento ha estimado un número de  viviendas de nueva construcción no vendidas de 535.734 a 31.12.2014.  Dicha cifra implicó un descenso del 5% sobre el stock existente a fines del año anterior. El mayor volumen absoluto de viviendas nuevas no vendidas corresponde a la Comunidad Valenciana (98.087), seguida por Andalucía (85.081)  y Cataluña (82.753).

En Cantabria y Extremadura se ha estimado por el Ministerio de Fomento que  no existen viviendas de nueva  construcción no vendidas. Rioja  y Castilla-La Mancha son las autonomías en las que las viviendas en cuestión suponen una participación mayor en el parque de viviendas correspondiente, proporción que era del 2,1% para el conjunto nacional.

4.    POLITICA DE VIVIENDA
  La cuestión de los desahucios se ha mantenido en  un primer plano de actualidad en 2015, aunque la mayoría de los indicadores apunta hacia una reducción del número de nuevos lanzamientos realizados. Así, los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en 2015 relativos a viviendas han  descendido en un 8,2% en el primer semestre de 2015, según  la nueva estadística del INE. En cuanto a las viviendas habituales de personas  físicas el descenso fue a algo más reducido (-8,4%). El total de procedimientos iniciados  sobre viviendas habituales en 2014 fue de 34.682, total que puede  resultar inferior a los 32.000 en 2015 de mantenerse el ritmo del primer semestre.

  El Banco de España ha publicado información sobre las entregas de viviendas a las entidades de crédito como consecuencia de la ejecución de impagos de préstamos hipotecarios. El total de viviendas entregadas  ascendió a 46.591 en 2014, delas que 36.519 fueron vivienda habituales. De estas últimas, 16.489 fueron daciones en pago (“entregas voluntarias”, según denominación del Banco de España) y 17.113 fueron entregas judiciales, delas que 1.801 se efectuaron estando la vivienda ocupada.

Los datos publicados por el Banco de España sobre entregas de viviendas a bancos  revelan que en 2013-14 los niveles de entregas fueron inferiores a los de 2012, primer año para el que se dispone de información, pero aun así la cifra de entregas continuó teniendo relevancia en 2014.

  El Ministerio de Fomento ha informado que se ha concedido  el 58% de las ayudas directas al alquiler previstas en el Plan estatal de Vivienda 2013-16. Dichas ayudas son de 200 euros al mes, siendo destinatarios los hogares con unos ingresos  máximos brutos anuales de 22.365 euros /año.  El alquiler no debe de superar los 600 euros/mes. Las ayudas a los arrendatarios  tienen una duración de 12 meses, aunque pueden prorrogarse hasta diciembre  de 2016, fecha de terminación del programa citado. La gestión del programa citado corresponde a las comunidades autónomas.

Una versión de este artículo se publicó en la revista del Ministerio de Fomento “Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, CYTET “, Nº 186,  Invierno 2015



12 enero 2016

EN 2016 LA ECONOMÍA ESPAÑOLA VIAJARÁ POR MARES PROCELOSOS Julio Rodríguez López

 La evolución prevista para la economía española en 2016 presenta abundantes elementos contrapuestos. Por una parte la previsión relativa a la evolución de  las variables que se incluyen el “cuadrado mágico” (crecimiento, empleo, precios y balanza de pagos) es positiva y mantiene la tendencia de 2015. Por otro lado,  la cuestión del déficit agregado de las administraciones públicas resulta más problemática. Los factores de impulso al crecimiento  no parece vayan a desempeñar un papel tan incisivo  en 2016 como en los dos años precedentes. Por  último, hay un evidente pesimismo a nivel mundial derivado de variables sociopolíticas que podrían afectar a  las favorables previsiones de 2016.

El Banco de España anticipó en diciembre pasado unos ritmos de aumento del PIB de la economía española del 3,2% y del 2,8% en 2015 y 2016, respectivamente. La demanda interna, en especial el consumo privado, sería el motor básico de dicho crecimiento. El resto del mundo realizaría una detracción moderada a dicha evolución a través de la fuerte expansión de las importaciones. La previsión de empleo es de un aumento del 2,4% en 2016 (3% en 2015). Esto puede suponer  un incremento medio del número de ocupados EPA de alrededor de 429.000 puestos de trabajo en 2016.

  Los precios de consumo, que terminaron 2015 al mismo nivel que hace un año, podrían crecer hasta el 1% en 2016, por lo que puede hablarse de persistencia de la estabilidad de precios en este año. La balanza de pagos por cuenta corriente volverá  a presentar superávit en 2016, ayudada sobre todo por los bajos precios del petróleo. Aunque tal superávit será inferior al de 2015, reducirá el endeudamiento externo de España.

 El cuadro optimista que se deriva de las previsiones para 2016  puede ser objeto de matizaciones. En primer lugar, a pesar de que la economía española ha registrado variaciones positivas durante nueve trimestres consecutivos, el nivel del PIB en el tercer trimestre de 2015 todavía era inferior en un 4,6% al nivel máximo alcanzado en  el segundo trimestre de 2008.  Asimismo, el empleo, medido por los ocupados EPA, estaba  en dicho trimestre de 2015 nada menos que un 12,6% por debajo del correspondiente al máximo alcanzado en el trimestre citado de 2008, 2,6 millones de empleos menos que los alcanzados en el punto más elevado de la fase expansiva previa.

  Dentro del empleo cabe destacar que los asalariados con empleo temporal  habían crecido en el último año  el 10,1%, muy por encima del conjunto de los asalariados (3,7%). Los ocupados a tiempo parcial también aumentaron  más (4,8%) que el empleo  total (3,1%), además de ganar un 34% menos por hora de trabajo que los asalariados a tiempo completo, según la encuesta de coste laboral del INE. Los datos anteriores confirman la negativa composición del tipo de empleo que se está creando y subrayan que se está lejos de compensar la devastadora destrucción de empleos que supuso la recesión de 2008-2013.

  En segundo lugar, la evolución del déficit público y de la deuda es posiblemente el dato macroeconómico agregado con aspectos más problemáticos. Según la Comisión de la Unión Europea, el déficit conjunto  de todas las administraciones públicas estuvo en 2015 en España  más cerca del 5% del PIB que del 4,2% previsto en el programa de  estabilidad  fijado para el pasado ejercicio. Dicho déficit es la mitad del correspondiente a 2012, pero la deuda pública se ha aproximado al 100% del PIB  (52,7% en 2009).

El alto endeudamiento reducirá el margen de actuación del sector público en España, sobre todo   cuando los tipos de interés  suban, aunque solo sea de forma moderada.. En dicha situación resultan frívolas las actuaciones electoralistas  de rebaja de determinados tributos realizadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Con una deuda tan elevada, que no ha dejado de subir en los últimos años, no caben alegrías con los ingresos fiscales. La cuestión  de la financiación de las pensiones, que se complicará más con la importante entrada de nuevos pensionistas en poco tiempo, no se resuelve bajando los impuestos.

 Por último, los factores que han sido claves para la recuperación del crecimiento en España en  2014-15 (menor precio del petróleo, bajos tipos de interés, devaluación del euro) tendrán menor potencial expansivo en 2016.

 El contexto internacional no resulta  estimulante  al inicio del año. Los problemas socio-políticos  han aumentado. No es previsible que la Eurozona crezca apenas más en este año que en 2015 (1,6%). La cuestión de la entrada  de inmigrantes, que puede hasta resultar positiva en el conjunto de la Unión Europea, parece incompatible con la reelección de los políticos. ”Las perspectivas a corto plazo parecen tranquilas pero que nadie  tenga ninguna duda de que si este tipo de crisis se maneja mal, pueden suponer riesgos a largo plazo para la  economía europea” (Stephanie Flanders, FT, 29.12.2015).
El menor crecimiento de la economía de China ha afectado a los precios de las materias primas. La subida de los tipos de interés en Estados Unidos afectará negativamente a los países emergentes. Esta situación no ayudará a que las exportaciones de la eurozona puedan mejorar el crecimiento en 2016, sino más bien lo contrario.

  “Si los mercados  europeos y globales permanecen tranquilos, Europa recuperará su crecimiento. Pero en caso de que suceda cualquier tipo de shock, sea un aterrizaje abrupto en China, sea el problema de la deuda en Europa, o disrupciones en cualquier punto del mundo, creará presiones sustanciales a la política económica, en un momento en el que las restricciones sobre su capacidad de actuar son intensas”.  Robert Kahn, “Prospects for the global economy in 2016”, Council on Foreign Relations, 28.12.2015.

Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo el 11.1.2016




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de  Economistas frente a la Crisis

11 diciembre 2015

Y SAREB SE CONVIRTIÓ EN PROMOTOR INMOBILIARIO Julio Rodríguez López


   El “banco malo”, Sareb, ha comunicado la inminente iniciación de “783 pisos a estrenar” a través de 13 nuevas promociones de viviendas repartidas por España. Su presidente ha señalado que Sareb  “fortalece su apuesta por la promoción inmobiliaria y la dinamización de la economía local”. Las viviendas promovidas por Sareb tienen precios de venta que  oscilan entre los 224.000 euros en Málaga y los 401.000 en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Cuando se creó Sareb como “banco malo” a fines de 2012 por imposición de la Comisión Europea  no se preveía  su entrada en el gremio de los promotores inmobiliarios de viviendas no precisamente  sociales.

  Un banco malo es un vehículo creado para comprar préstamos y activos problemáticos de bancos con volúmenes significativos de préstamos morosos. Al transferir activos deteriorados  desde una entidad de crédito al banco malo, dicha entidad limpia su balance de activos tóxicos, pero deberá efectuar provisiones. Los bancos que se convierten en insolventes por dicho proceso se pueden capitalizar, nacionalizar o liquidar.

   El “Memorándum de Entendimiento” (MOU)  firmado entre España y la Comisión de la Unión Europea en julio de 2012 estableció las condiciones exigidas a España, entre ellas la creación de un banco malo, para abrir una línea de financiación de 100.000 millones de euros (se solicitaron y obtuvieron unos 42.000 millones) para recapitalizar y reestructurar el sistema bancario español.

Siguiendo tales condiciones, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 se transfirieron a Sareb, creada en noviembre de 2012,  activos problemáticos de  nueve bancos, 36.600 millones de euros en activos de los bancos del Grupo 1 (Bankia, Catalunya Caixa y dos más)  y 14.000 millones de los bancos del Grupo 2 (Liberbank, BMN y otros dos más). Los traspasos se realizaron a precios rebajados respecto de su valor bruto  en libros (el 52,5%). El Frob cubrió con el préstamo de Bruselas las carencias  de recursos propios que resultaron en dichos bancos al vender activos a precios inferiores al valor contable.

 Sareb adquirió los activos problemáticos de los bancos citados emitiendo deuda. Sareb tiene unos recursos propios  que ascienden a  unos 4.800 millones de euros. La deuda emitida le permitió  comprar  activos con un valor  de alrededor de 50.800 millones de euros. Dicha deuda, avalada por el Estado, se convertiría en pública si Sareb no pudiese hacer frente al reembolso de la misma. El Estado español  es el primer accionista (45,7% del capital, seguido por Banco de Santander-16,6%- y CaixaBank-12,1%). El aval público es decisivo para  la colocación de la deuda de Sareb. Cuando se dice que Sareb es una empresa privada no se está diciendo todo.

  Entre 2013 y 2014 Sareb vendió 24.000 propiedades y obtuvo ingresos por valor de  9.000 millones de euros. Desde que inició su actuación, Sareb se ha visto envuelta en abundantes controversias acerca de la viabilidad de los planes de  negocio presentados (J. G. Montalvo, “”Cleaning up the Spanish financial sector’s real estate exposure: Situation and Outlook”, Funcas, SEFO, Septiembre 2015). En la reciente evolución de Sareb destaca el cambio consistente en asignar a “servicer” o agentes la administración y gestión de los activos.

El origen de Sareb fue el exceso de oferta inmobiliaria (había un millón de nuevas viviendas sin vender) que salió a la luz en 2008. Tal  exceso invadió los balances bancarios de préstamos irrecuperables y de activos reales aceptados como dación en pago de los promotores. El M0U de 2012 obligó a crear Sareb como vehículo, primero adquirente y después vendedor  de tales excesos de oferta inmobiliaria.

  Mientras vende los activos, Sareb  dedica recursos financieros captados mediante emisiones avaladas por el gobierno a aumentar la oferta inmobiliaria de viviendas del segmento “prime”. Una cosa era terminar promociones en curso que Sareb debió adquirir en su creación, y otra es convertirse en “animador del mercado inmobiliario”, como señala su presidente. Desde Sareb se apunta que va a promover nuevas viviendas tras “un minucioso estudio de mercado”.  Solo faltaría que Sareb produjese viviendas que después no pudiese vender y  que fuese preciso crear otro banco malo para  quedarse con los activos no vendidos por Sareb.

 España tiene el menor parque de viviendas sociales de alquiler del mundo occidental (2%del stock total de viviendas). A las dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes, que solo pueden alquilar habitaciones en las ciudades  con los modestos salarios de ahora, se une la necesidad de alojar a los desahuciados por impago de préstamos y de alquileres.

 En 2014 y 2015 ha habido  en España  una media anual de  65.000 lanzamientos judiciales derivados de desahucios. Contrasta la escasez de medios para hacer vivienda social con  el cauce abierto con recursos públicos o avalados por el Estado  para que Sareb construya viviendas destinadas a hogares acomodados.

Artículo publicado en El Siglo de Europa de 14.12.2015



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis. 

30 noviembre 2015

LAS ESTADISTICAS DE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA Julio Rodríguez López

  La publicación digital “RdL Revista de Libros” incluyó recientemente un trabajo del economista y estadístico Rafael Álvarez Blanco, “Estadísticas de renta, riqueza  y condiciones de vida: la medición de la desigualdad”. El autor ha trabajado durante etapas prolongadas en el Instituto Nacional de Estadística (INE)  y en el Servicio de Estudios del Banco de España. El artículo en cuestión aproxima  la situación de la medida estadística de la desigualdad de la renta y riqueza en España.  

 En el artículo mencionado se  resumen las iniciativas  efectuadas por el sistema estadístico europeo y por  el Sistema Europeo de Bancos Centrales en cuanto a la medida de la desigualdad. En España destaca, en primer lugar,  la Encuesta de Condiciones de Vida, anual, obtenida por el INE  desde 2004, con datos referidos al año  anterior, en el marco de la Encuesta Europea sobre Renta y Condiciones de Vida. Se realiza  a partir de 13.000 hogares y aporta información sobre datos básicos para el periodo 2009-2014.

  La segunda estadística básica para aproximarse a la cuestión de la desigualdad  es la Encuesta Financiera de las Familias, que obtiene y publica el Banco de España, y de la que se dispone de información para los ejercicios anuales de 2002, 2005, 2008 y 2011. Esta encuesta incluye  información sobre variables  tales como riqueza, deuda, renta,  consumo y  carga de deuda de los  hogares., y se sitúa  en  el marco coordinado por el Banco Central Europeo. La información la obtiene a partir de 7.000 hogares. En el diseño de la misma se ha utilizado información procedente del impuesto sobre el patrimonio.

  Rafael Álvarez señala que existen abundantes estadísticas en España  sobre los hogares, relativas a variables tales como  renta y riqueza, desigualdad de la distribución, tasa de pobreza, “pero los usuarios valorarían una síntesis y una cierta edición de una información que facilitara su consulta”. A la vista de los resultados obtenidos, puede decirse que en el periodo cubierto por las últimas encuestas del INE (hasta 2014) y del Banco de España (hasta 2011)  se han acentuado en España  las desigualdades internas y frente a  terceros. Destacan asimismo  algunas tendencias que se recogen a continuación.

Primero: El 20% de la población con mayores ingresos percibe alrededor de siete u ocho veces más  renta que el 20% de la población  con menores rentas. La crisis ha acentuado la distancia entre los hogares con rentas mayores   y medianas. La  disminución de la diferencia existente entre estos últimos y los niveles de renta más bajos  se podría interpretar como prueba del declive de la clase media.

Segundo: El umbral de pobreza se define como el 60% de la renta mediana. La tasa de riesgo de pobreza  es el porcentaje de población situado por debajo de dicho  umbral. Las tasas de pobreza de los menores de 16 años y de los jóvenes entre 16 y 29  son mayores en España  que la media nacional (22,2%). La peor situación es la de los extranjeros originarios de fuera de la Unión Europea. La posición de las mujeres  es peor en este aspecto que la de los hombres.

Tercero: Por autonomías, la renta mediana equivalente por unidad de consumo  de los hogares españoles alcanza los mayores niveles en Navarra y el País Vasco, que presentan además  las menores tasas de pobreza y de desigualdad. En el otro extremo, Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias tienen las rentas medianas  más reducidas  y las  tasas de pobreza más elevadas. La diferencia Norte-Sur todavía desempeña un cierto  papel en España.

Cuarto: Dentro de la Eurozona, los países escandinavos, sobre todo Noruega, tienen las mejores  tasas de renta mediana, pobreza y desigualdad. En cuanto a España, en la mayoría de los ratios,  solo son positivas las diferencias respecto de Grecia y de Portugal.
Quinto: En lo relativo a riqueza, los activos reales suponen  el  84,4% del patrimonio de los hogares españoles.  Dentro de estos  últimos, el  90% corresponde a la vivienda principal y  a activos inmobiliarios. El  87,1% de la deuda de los hogares también está vinculada a los activos inmobiliarios, casi  toda con garantía hipotecaria.

Sexto: La riqueza está peor distribuida en España  que la renta: El 25% de los hogares con mayor riqueza mediana  posee 21,5 veces más riqueza  que el 25% con menor riqueza. La diferencia de valor de la vivienda principal desempeña un papel importante en este desnivel.

 Por  último, destaca el papel de las prestaciones sociales (pensiones, prestaciones por desempleo), el 25% de la renta disponible de los hogares. El mantenimiento de tales prestaciones es decisivo para la estabilidad de los niveles de vida de los hogares. Las prestaciones  en especie,  educación y sanidad, elevan en un 16% el nivel de la renta disponible.

 Desigualdades crecientes, elevada concentración de la riqueza en activos inmobiliarios, asfixia de la clase media, reparto menos justo  del patrimonio que de la renta, diferencias Norte-Sur.  El artículo de Rafael Álvarez  es un útil primer paso en la síntesis de las diferentes fuentes estadísticas disponibles sobre la desigualdad.


Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal “El Siglo de Europa” el 30 de noviembre de 2015





[1] JRL es  vocal del Consejo Superior de Estadística en representación del sindicato UGT y miembro de Economistas frente a la Crisis

22 noviembre 2015

CIUDADES, URBANISMO, VIVIENDA Julio Rodríguez López


  El mercado y los precios de la vivienda  están registrando en 2015 una nueva etapa de crecimiento en España y en la mayoría de los países de la Eurozona. Las fluctuaciones del mercado de vivienda han provocado los ciclos más acentuados de la economía española en la etapa histórica comprendida entre la segunda mitad del pasado siglo y la primera década del siglo actual. En ese tiempo  España ha sido escenario  de  cambios sustanciales en el  diseño y en la estructura de las ciudades, en las formas de acometer el gobierno del suelo, en la financiación inmobiliaria y en los problemas que plantea el acceso a la vivienda.

 Desde los años setenta  del pasado siglo se han modificado los mecanismos que rigen la evolución de las ciudades. El mercado ha impuesto sus criterios en las decisiones más relevantes. Los mecanismos tradicionales de planificación, de ordenación del territorio, han perdido peso en favor de la lógica financiera. El  bloque de intereses inmobiliarios ha determinado  el diseño y el futuro de las ciudades, imponiendo sus objetivos a los de una política pública que atienda al interés general.

El paso desde  la ciudad compacta a la ciudad dispersa ha sido una de las consecuencias más evidentes. Dicha evolución  ha tenido serias consecuencias económicas (la ciudad dispersa resulta más cara de gestionar y para vivir), medioambientales (el consumo de suelo ha sido a todas luces excesivo),  y  también sociales. Las ciudades han perdido bastante de su condición de comunidad y las calles,  más  lugar de encuentro, son vías para el tráfico. 

 El urbanismo tiene en España un marco competencial complejo. Sobre el gobierno del suelo  inciden  normativas estatales y legislaciones autonómicas. Corresponde a los ayuntamientos el desarrollo y la gestión  de los planes de urbanismo, y la vigilancia de la disciplina urbanística. Se trata, pues, de una competencia muy descentralizada, donde con frecuencia unas débiles administraciones locales  deben de adoptar decisiones en las que confluyen potentes intereses.

El  intenso crecimiento demográfico registrado en España en los años del salto del campo a la ciudad  contemplaba la calificación masiva de suelo como urbanizable residencial para la construcción ilimitada del máximo número de viviendas. En aquellos planes iniciales el alquiler era una opción por completo dejada de lado.

   Con el desarrollo del crédito hipotecario desde los años ochenta se pasó desde  las letras de cambio a las hipotecas como forma de financiación de la compra de vivienda. La burbuja inmobiliaria de la etapa 1997-2007, más prolongada e intensa que las precedentes, estuvo alimentada desde los mercados de capitales, produciéndose una sobredemanda de vivienda. La reacción de la oferta no se hizo esperar y se construyó alrededor de un millón de viviendas más que lo que justificaba la demanda.

En los últimos años las ventas de viviendas de segunda mano han superado ampliamente a las de viviendas de nueva construcción. Si  la demanda de vivienda, atenuada por el menor crecimiento demográfico, se puede satisfacer en buena medida con el amplio parque de viviendas existente en España, e incluso con una creciente oferta de viviendas de alquiler, los planes locales de urbanismo deberán recurrir menos a la calificación  masiva de  suelo urbanizable. Los ayuntamientos deben de tener en cuenta no solo los ingresos derivados del planeamiento, sino los mayores costes que les provoca la ciudad dispersa.

  En la evolución del mercado de vivienda en España destacan  los abundantes desahucios de viviendas registrados después de 2007, una vez “pinchada” la burbuja inmobiliaria. Según los datos del Banco de España y los del poder judicial, se puede estimar que más de 200.000 viviendas habituales  han sido entregadas a los bancos entre 2008 y 2014.

  Además del carácter socialmente regresivo de dicha  evolución, lo sucedido simboliza el fracaso de la política de vivienda en España. Numerosos desahucios  han afectado a familias que deberían de haber accedido a una vivienda de alquiler, y no a una vivienda adquirida con un préstamo hipotecario.

  Del amplio conjunto de instrumentos que integran la política de vivienda (fiscalidad, regulación financiera, suelo, regulación del alquiler, viviendas protegidas, regulación de la ejecución hipotecaria), se puede decir que en España la figura de la vivienda protegida requiere de una actualización en profundidad. Dicha actuación ayuda ahora a acceder a la vivienda  a hogares con recursos suficientes para  comprar una vivienda en el mercado.

El mecanismo de ejecución hipotecaria seguido en España se ha revelado como extremadamente riguroso. El deudor que no puede hacer frente al pago del préstamo no solo pierde la vivienda, sino que además continúa endeudado con el banco que le concedió el préstamo. La política de vivienda tradicional ha visto complicada su actuación con la presencia de desahucios que proceden no solo del impago de préstamos hipotecarios, sino también del impago del alquiler de la vivienda arrendada.

  El exceso de financiación aportado  por bancos y cajas de ahorros a promotores inmobiliarios en la última etapa de expansión del mercado de vivienda, al inundar los balances bancarios de préstamos de difícil cobro y de activos inmobiliarios sobrevalorados, afectó al sistema financiero, y de forma especial a las cajas de ahorros.

 Estas entidades suponían el 50% del sistema crediticio español en 2008. En 2015 solo quedan dos cajas  de ahorros minúsculas. La desaparición de las cajas acabó  con  la “banca alternativa” en España, y ha ocasionado una mayor concentración del sistema crediticio.  Fue sobre todo la última burbuja inmobiliaria la que se llevó por delante a dichas entidades de crédito.

El contexto de crisis ha dinamizado el mercado de alquiler. Esta evolución  adelanta  la emancipación de los jóvenes, aumenta  las posibilidades de oferta, permite acceder a la vivienda a hogares con ingresos reducidos y refuerza  la movilidad laboral.  La normativa sobre alquileres se ha modificado recientemente de forma favorable al arrendador y se ha eliminado la discriminación en el tratamiento fiscal a la vivienda en propiedad  y en alquiler.

La política económica y territorial debe de atender, pues, a abundantes objetivos. Destacan entre los mismos la defensa de la ciudad compacta y de la calidad medioambiental. Los planes locales de urbanismo se deben apoyar menos en la calificación de nuevo suelo urbanizable. Una mayor  coordinación competencial en materia de urbanismo resulta imprescindible. No resulta positivo que el Estado carezca de competencias en materia de planeamiento, debiendo recuperar una parte selectiva de las mismas.

  Sigue pendiente la cuestión de la financiación local, que descansa en exceso sobre algunos tributos,  lo que impulsa a los ayuntamientos a desarrollar políticas urbanísticas proclives a la nueva construcción residencial. La política de vivienda debe de apoyarse en el alquiler y en la creación de parques de viviendas sociales. La política de construcción de nuevas  viviendas de protección oficial debe de reformarse.

 Dicha política debe de ser menos un  instrumento de desarrollo del parque de viviendas y bastante más una actuación que favorezca a los hogares de rentas reducidas. Por último, el procedimiento de ejecución hipotecaria  debe de  atender a crear una auténtica “segunda oportunidad” para quienes no han podido hacer frente a los pagos precisos  para acceder a la vivienda.


Este artículo se publicó en la revista mensual Temas para el Debate de noviembre de 2015

16 noviembre 2015

LAS INCERTIDUMBRES DE LAS PREVISIONES DE OTOÑO Julio Rodríguez López

  Las Previsiones Económicas Europeas,  elaboradas por la Comisión de la Unión Europea para el otoño de 2015, terminan sus pronosticos dejando atrás  un amplio panorama  de incertidumbres. El escaso crecimiento previsto para los países emergentes, los abundantes riesgos geopolíticos existentes a nivel mundial, la prolongada  debilidad de la inversión, convierten en ampliamente problemáticas las previsiones recogidas en dicho informe otoñal.

 La economía española no es inmune a tales incertidumbres. A pesar de  recogerse en dicho informe unas previsiones para España  mejores que las del conjunto de la Eurozona, tales previsiones  también tienen importantes riesgos políticos por delante.

   Los “vientos de cola” han ayudado a la modesta recuperación de la Eurozona en 2014-15. Los bajos precios de la energía, la devaluación del euro frente al dólar, el apoyo de la política económica, visible sobre todo en una política monetaria muy expansiva por parte del Banco Central Europeo (BCE),  han ayudado a que la recuperación sea un hecho. Sin embargo, resulta evidente la debilidad de la recuperación respecto de etapas similares precedentes. Se arranca de unos descensos acusados  de la actividad y del empleo consecuentes a  la crisis, por lo que resulta insatisfactoria una recuperación tan moderada.

   La desaceleración del crecimiento de las economías emergentes es el principal elemento de incertidumbre. La Comisión ha previsto para la Eurozona un crecimiento del 1,6% para 2015 y del 1,8% para 2016. Dicho  crecimiento puede reducirse si se acentúa la recesión de los países emergentes, situación  que plantearía serios problemas a los responsables de la política económica en los países desarrollados. Unas mayores dosis de inyecciones de liquidez a través de la fórmula del “alivio cuantitativo” no parecen puedan contribuir a paliar la debilidad de la demanda.

 El bajo crecimiento del PIB de la Eurozona en el tercer trimestre de 2015, el 0,3%, ha contribuido a acentuar el pesimismo. A esta situación no le ayuda nada el nuevo golpe terrorista registrado en Francia la noche del viernes 13 de noviembre.

  Las previsiones de la Comisión para España son de un crecimiento del 3,1% en 2015 y del 2,7% en 2016. Los aumentos del empleo serian del 2,6% y del 2,5%, respectivamente. La Comisión considera que habrá que esperar hasta 2017 para que España alcance los niveles de actividad  de 2008, año en el que empezaron  a declinar  actividad y empleo. En el tercer trimestre de 2015 el PIB de la economía española es inferior al del segundo trimestre de 2008 en un 4,6%, mientras que el empleo es un 12,6% menor. En el trimestre citado de 2015 hay 2,6 millones de empleos EPA  menos que en el punto más elevado del pasado ciclo. 

 Para la Comisión el consumo privado y las exportaciones son los principales factores explicativos del buen ritmo de crecimiento español  de 2015.  El consumo se ha beneficiado del aumento del empleo, de la ausencia de inflación, del descenso de la fiscalidad directa  que han disfrutado algunos hogares. La Comisión prevé  que España registrará una nueva aceleración de las exportaciones en 2016, frente a la desaceleración prevista para la Eurozona. 

  Las previsiones de déficit  y de deuda pública   de la Comisión sobre la economía española son más pesimistas que las del gobierno. Los Presupuestos Generales del Estado incluyeron unas previsiones de déficit del 4,2% y del 2,8% del PIB para 2015 y 2016, respectivamente. La Comisión ha mantenido unas previsiones de déficit público de la economía española en el Informe de Otoño del 4,7% y del 3,6%, respectivamente.

  Según la Comisión,  en 2015 España  alcanzará un nivel de deuda pública del 100,8% del PIB. Superan a España en la Eurozona en nivel de deuda publica Grecia  (133%), Italia (194,8%),  Portugal (128,2%)  y Bélgica (106,7%). La media de la Eurozona es del 94% del PIB. Según el gobierno,  en 2017 España  estará por debajo del nivel fatídico del 3% de déficit sobre el PIB, con un 1,4% (2,6%, según la Comisión).

Para la Comisión el gobierno  hace regalos fiscales cuando  se está lejos de cumplir los compromisos de déficit asumidos y, sobre todo, cuando surge el problema de las pensiones. El déficit entre cotizaciones sociales (ingresos) y pensiones (gastos) puede alcanzar los 17.000 millones de euros en 2015. La cuestión es el impuesto o impuestos  a utilizar o a crear para cubrir el déficit citado, si no se quieren recortar  las pensiones.

  España tiene riesgos e incertidumbres políticas. Primero está la cuestión catalana. La declaración unilateral de independencia aprobada por el parlamento catalán el lunes 9.11.2015, ha sido ilegalizada por el Tribunal Constitucional, pero  ya han anunciado los independentistas que pasaran de la previsible suspensión por parte de dicho Tribunal.  

  La segunda incertidumbre será la composición del gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre próximo. Todo indica que no habrá mayoría absoluta para ninguna fuerza política. Las dudas citadas no ayudaran a la economía española, que acumula así alguna incertidumbre más a las que la Comisión ha señalado para la Eurozona en el Informe de otoño de 2015. 


Una versión este artículo se publicó en la revista semanal “El Siglo de Europa” el 16 de noviembre de 2015





[1] JRL es miembro de Economistas frente a la Crisis y Vocal del Consejo Superior  de Estadística

09 noviembre 2015

LA POLITICA DE VIVIENDA Y LOS NUEVOS RETOS DERIVADOS DE LOS DESAHUCIOS Julio Rodríguez López

  La presencia de un volumen elevado de desahucios judiciales de hogares de sus viviendas habituales ha supuesto un problema adicional a los que tradicionalmente debe de responder la política de vivienda. En este trabajo se repasa la problemática global de dicha política y se resumen los componentes más relevantes de la misma en España.

1.    La política de vivienda. Nuevos y viejos problemas

 Desde la segunda mitad de 2013 la actividad productiva y el empleo han iniciado una recuperación moderada  en España, que ha tomado más vigor en 2015. El final de la recesión no implica que se hayan superado las negativas consecuencias de la pasada  crisis económica. El número de empleos existente en el tercer trimestre de 2015, 18,1 millones según la EPA, es inferior en un 12,6% al nivel  máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008.Hay 2,6 millones de empleos menos que en el momento más elevado de la fase de expansión previa  a la recesión de 2008-2013

La fuerte caída del empleo posterior a 2007 explica que la creación de puestos de trabajo haya sido el objetivo principal de la política económica después de 2008. La política de vivienda tradicional, cuyo objetivo  es el de facilitar el acceso a la vivienda a los hogares con menos recursos,  ha perdido protagonismo en este periodo de tiempo. Pero la cuestión de la difícil  accesibilidad  a la vivienda reaparecerá en cuanto  se consolide la recuperación.

Una nueva circunstancia derivada de la crisis ha aumentado los problemas de la política de vivienda. Desde 2008 han crecido las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de hogares de sus viviendas  habituales, consecuencias de  los impagos de préstamos hipotecarios. La tasa de morosidad de los créditos a comprador de vivienda (compra y rehabilitación)  se elevó desde el 0,43% de diciembre de 2006 hasta el 6,3% en marzo de 2014, descendiendo hasta el 5,93% en  junio de 2015

El  saldo vivo de los créditos para compra de vivienda morosos ascendía a 29.606 millones de euros a 30.6.2015. Dicha  cifra  supone un volumen susceptible de provocar abundantes conflictos  adicionales derivados de posibles nuevos desahucios.

En España, entre 2008 y 2014 se presentaron en los juzgados  unos 579.000 procedimientos de ejecución hipotecaria  y se recibieron  379.000 lanzamientos. Según el Banco de España, en el periodo 2012-2014 se entregó una media anual de  36.700 viviendas habituales, de las que la mitad fueron voluntarias y el resto correspondió a entregas judiciales. Aplicando proporciones, resulta un  total de 203.800 viviendas entregadas entre 2008 y 2014. Las  estadísticas del Poder Judicial indican que existe, además, un volumen importante de lanzamientos provocados por el impago del alquiler, una media anual de 37.000 en 2013-2014.

Las abundantes expulsiones de hogares de su vivienda habitual  han evidenciado  la dureza del procedimiento de ejecución hipotecario español. Dicho procedimiento provoca que el deudor pierde la vivienda y continúa endeudado con el banco. Esta deuda la componen  los intereses de demora y el sumando adicional derivado del  hecho de que el valor de la vivienda se pueda reducir hasta el 50%  del precio de compra,  si en el momento de la subasta no hay oferentes. Además,  la entidad prestamista puede embargar buena parte del salario del deudor.

Desde 2015 se vienen produciendo aumentos significativos  de los  precios de la vivienda en la nueva etapa de expansión. Junto  a los bajos niveles salariales de los nuevos empleos, lo anterior anticipa que se va a endurecer el acceso a la vivienda. Un hogar no debe destinar al pago de la vivienda más de la tercera parte de sus ingresos. En julio de 2015 el alquiler medio de una vivienda en España, según Fotocasa, era de 7,10 euros por metro cuadrado y mes. Para una familia cuyos ingresos equivaliesen al salario medio, estimado por el INE en unos 1.831,7 euros/mes en el primer trimestre de 2015, el esfuerzo de acceso a una vivienda de 90 m2 alquilada sería del 34,9% de los ingresos.

Los  actuales precios de los alquileres en España  implican que si un mileurista pretende acceder a una vivienda la superficie de la misma deberá ser inferior a los 50 m2  si va a destinar al pago del alquiler la tercera parte de los ingresos. La consecución de un crédito bancario para compra de una vivienda no resulta posible para los hogares de nueva creación. El alquiler se ha convertido así  en la única vía para acceder a una vivienda para un amplio conjunto de hogares. Ello se advierte en indicadores como la Encuesta Continua de Hogares del INE, según la cual  en 2014  la proporción de hogares que vivía de alquiler  era del 16,6%, proporción más próxima  a los niveles propios de los países de Europa Occidental.

La política de vivienda tradicional, la que pretende ayudar a  hogares de rentas reducidas  a acceder a una vivienda con un esfuerzo razonable, volverá a ser necesaria en la nueva etapa que se inicia. El importante volumen de  desahucios y de lanzamientos adicionales de las viviendas habituales provocado por la crisis y la morosidad implican, pues, nuevas tareas para dicha política.

Frente a dicha situación, en la práctica no hay en España política estatal de vivienda en  2015. No hay objetivos cuantitativos anuales ni mecanismos de seguimiento en el conjunto de normas comprendidas en el Plan 2013-16, regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril,  del Ministerio de Fomento.  En la presentación del oscuro Plan citado se aludió  a un total de 200.000 ayudas al alquiler y a 50.000 viviendas rehabilitadas. No se han divulgado objetivos desagregados para cada autonomía. El gobierno ha firmado convenios en 2014 con las comunidades autónomas para subvencionar, de forma genérica,  las actuaciones recogidas en el Plan en el periodo de vigencia del mismo. Han transcurrido tres  años del periodo de duración previsto  y no se conocen los resultados.


2.    Rasgos destacados de la regulación de los mercados de vivienda e hipotecario en España

  La política de vivienda está integrada por un  amplio conjunto de normativas, que responden  a diferentes objetivos  y se aplican por  parte  de distintas administraciones. En la Unión Europea, el último ciclo de la vivienda  tuvo consecuencias diferentes  en los estados miembros, reflejo de  las distintas estructuras institucionales que inciden sobre el mercado de vivienda[2]. Las áreas por  las que la regulación afecta al comportamiento del mercado de vivienda son las correspondientes a la fiscalidad,  a la regulación financiera macroprudencial, a la normativa sobre suelo y a la regulación de  los alquileres.

En cuanto a la fiscalidad,  en la Unión Europea han predominado los incentivos al acceso a la vivienda en propiedad, corregidos a la baja después de 2008. En España, ha desaparecido  la diferencia  tradicional de tratamiento fiscal existente entre la propiedad y el alquiler. Un IVA (estatal) que grava las ventas de nuevas viviendas con un tipo del 10%, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que fiscaliza la venta de viviendas de segunda mano  y cuyo tipo impositivo varía en cada comunidad autónoma,  un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (local) cuya base imponible procede de unos valores catastrales que se actualizan con retraso, son las piezas más destacadas del marco fiscal.

  La regulación macroprudencial pretende aumentar la capacidad de los bancos para hacer frente a situaciones de crisis. En España el plazo medio de los préstamos para compra de vivienda se sitúa en torno a los 25 años y predominan los préstamos a interés variable. La relación préstamo/valor (LTV) está situada en el 80%, aunque hay cierta flexibilidad en el uso de este instrumento. No se ha empleado la restricción de obligar a los prestamistas a que la cuota a pagar no supere un determinado nivel de ingresos de los prestatarios.

 La normativa sobre suelo está muy descentralizada en España (hay 17 leyes de suelo) y es limitado el papel estatal en este terreno. La iniciativa urbanística descansa, por lo general, en los ayuntamientos, que establecen Planes de Ordenación Urbana. Corresponde a las autonomías la aprobación definitiva de dichos planes. El control autonómico es más de legalidad que de contenido. La actuación de los ayuntamientos favorece la maximización de ingresos derivados del planeamiento, es proclive a un urbanismo difuso y no facilita la diversificación del modelo productivo.

 La normativa sobre alquileres incide sobre la forma de tenencia de la vivienda. En España ha destacado mucho tiempo la baja presencia del alquiler. Los últimos cambios normativos han fortalecido el papel del propietario, que puede fijar el nivel del alquiler con toda libertad y que  solo está obligado a efectuar dos prórrogas de contrato. La mayor presencia del alquiler en España tiene que ver con las duras condiciones de los nuevos contratos de trabajo.

  Las viviendas de protección oficial (VPO) han reducido su presencia  tras la restricción crediticia asociada con la crisis. El sistema tiene un elevado componente de política de fomento de la construcción residencial y  suele favorecer a hogares que pueden acceder a una vivienda en el mercado. Para ser útil a una política social de vivienda  el sistema requiere de una actualización radical, tarea que el gobierno de España debería  de acometer.

 En materia de desahucios, las reformas de 2011-2015 no han sido ambiciosas. Las suspensiones temporales  de los lanzamientos para hogares vulnerables tienen un ámbito limitado y suponen solo un paliativo. Son  tímidas las limitaciones introducidas para los intereses de demora. Se  impide al deudor optar entre un procedimiento judicial o extrajudicial. No se estimula la mediación entre deudor y la entidad. El Código de Buenas Prácticas debería de ser obligatorio para la banca.

 La última novedad, el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, “de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social “ (BOE de 28.2.2015) pretende, según la Exposición de Motivos, “que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”
.
  La norma citada se inspira en el modelo germánico, amplia el acceso a la dación en pago, pero no establece un sistema universal para tratar la cuestión de la insolvencia particular en España, pues se basa en la “responsabilidad moral de la persona que contrae la deuda. La posible dación en pago y remisión de deuda está vinculada a una serie de “condicionantes” y “requisitos” que el legislador considera “merecedores” para negociar una reestructuración de deuda. La nueva normativa, deja, pues, un amplio margen para la persistencia de un volumen elevado de nuevos desahucios, lo que plantea importantes retos a la política de vivienda.

Una versión de este artículo se publicó en la revista mensual “Temas para el debate”, de noviembre de 2015










[1] JRL es doctor en CC. Económicas,  miembro de Economistas frente a la Crisis y Vocal del Consejo Superior de Estadística
[2] “Institutional features and regulation of housing and mortgage markets”, Quaterly Report  on the Euro Area, Volume 13, No 2, 2014