Si
se excluye el fuerte descenso del déficit exterior, no ha mejorado la situación económica en
España durante 2012. La actividad productiva y el empleo han seguido
retrocediendo. Las reformas puestas en
marcha, en especial la relativa al mercado de trabajo, no han ayudado a
impulsar la creación de empleos, en ausencia de una demanda que “tirase” de la actividad. A principios de noviembre no ha entrado en funcionamiento el denominado “banco malo”,
destinado a sanear los balances de los bancos mas cargados de activos
“tóxicos”.
Las
ventajas de no pedir un rescate adicional a la “troika” (Union Europea, Fondo
Monetario Internacional y BCE) y las dudas alemanas convierten en imprevisible
el momento de solicitar el tan citado”rescate”. Los casi 40.000 millones de euros de
factura de los intereses de la deuda pública incluidos en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2013 suponen una espectacular sangría de recursos.
Dicha magnitud subraya la relevancia de que
se reduzca la prima de riesgo sobre la deuda alemana desde los más de 400 puntos básicos actuales hasta los 200.
Un
estudio incluido en las Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de octubre de 2012 ha
puesto en entredicho la política de austeridad desarrollada en la mayoría de
los países de la eurozona, en especial en los mas endeudados, caso de España. Según dicho trabajo, las reducciones del gasto encaminadas a frenar el déficit
público provocan una caída de la actividad varias veces superior al
impacto negativo inicial que genera la reducción del gasto.
Los retrocesos de la actividad y del empleo reducen los ingresos fiscales y contribuyen a que el déficit público aumente en lugar de
retroceder. La citada investigación del FMI cuestiona, pues, el
diseño de las políticas de austeridad que tanto daño social estan provocando en
los países más endeudados. Además, dicha política frena el crecimiento de los
países acreedores, que ahora venden menos mercancías a los países periféricos
de la Eurozona.
La política económica seguida en España en
los últimos años tiene como objetivo primordial la reducción del déficit
publico. Dicha política se apoya en los
recortes del gasto público, en los aumentos de impuestos, en la reducción de
los salarios de los funcionarios y en la
devaluación interna de la economía para mejorar la competitividad. Se pretende
reducir los salarios para ayudar a competir
a las empresas. Sin embargo,
dicha reducción salarial disminuye el poder
de compra de los asalariados y provoca nuevos retrocesos de la demanda de
consumo, lo que afecta negativamente a la actividad productiva.
Como se ha indicado, el efecto total derivado
de los recortes de gasto publico y de
salarios citados resulta, pues, muy superior al efecto directo inicial. El
descenso de la actividad es un múltiplo de los recortes del gasto. Tales multiplicadores tienen un alcance mayor que lo inicialmente previsto por el FMI. Tampoco ayuda a la recuperación en España un sistema financiero situado en plena
reforma, en el que los ajustes puestos
en marcha en 2012 han limitado la capacidad de aportar financiación
crediticia. La política económica
seguida, que
consagra como irreversible el objetivo de
reducción abrupta del
déficit, no sirve para estimular el
crecimiento.
Todo apunta a la conveniencia de alargar el plazo
de disminución de los niveles de déficit
y de deuda pública, y de incorporar
elementos de dinamización en el diseño global de la política económica. Los únicos aspectos de dicha política que ahora
apuntan a favorecer la actividad se
refieren, como no, al ladrillo (Eurovegas y la reforma de la ley de Costas).
La dura politica de ajuste impuesta a España
no solo ha llevado a una tasa de desempleo superior al 25%, sino que ha generado
abundantes problemas políticos. La petición abrupta de secesión de Cataluña procedente del gobierno de dicha autonomía no ayuda
precisamente a resolver los pesados problemas que la crisis de deuda y el mal diseño de la Eurozona han provocado.
Dicha política oportunista recuerda la de Marruecos con España en relación con
la anexión del Sahara en 1975, cuando la presión politica se efectuó en plena agonía de Franco.
La política económica deberá aportar nuevas
soluciones a las abundantes ejecuciones hipotecarias a empresas y a
hogares que ha provocado la crisis.
Entre 2008 y 2012 se han presentado en España en los juzgados más de 412.000 ejecuciones
hipotecarias, de hogares y de empresas y se han realizado unos 239.000
lanzamientos. El sistema vigente en España permite que el prestatario
insolvente permanezca fuertemente endeudado con el banco que le financió la
compra de la vivienda. Esto resulta
sustancialmente más riguroso que la practica mas frecuente en Europa
Occidental. Resulta más difícil soportar la presión diaria de los afectados en
un momento tan delicado como el actual, que exige un diseño de política
económica mas comprometido con el crecimiento.
